La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) contradijo al excandidato presidencial y líder del Frente Amplio (FA), José María Villalta, quien justificó que el jefe de su fracción legislativa, Gerardo Vargas Varela, tuviese 56.000 m² en Turrialba valorados en solo ¢800 .
Villalta argumentó, este martes, que el diputado no cometió ninguna irregularidad , porque todavía está dentro del plazo de cinco años que establece la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles para actualizar el monto, debido a que inscribió los terrenos en mayo del 2011.
Sin embargo, el asesor jurídico de la UNGL, Randall Marín, aclaró que cuando se trata de propiedades que nunca han sido declaradas ante la municipalidad –como en este caso–, los propietarios deben registrar el valor real apenas las reciben.
“El ciudadano tiene que ir a la municipalidad a informar que es el nuevo propietario, para que la municipalidad haga el cambio en su registro y se le informe si esa propiedad que está adquiriendo fue declarada por el anterior dueño (...). Si es una propiedad que nunca fue declarada, se está en la obligación de declarar. Al no haber declaración, el plazo de cinco años no está corriendo”, explicó Marín.
En mayo del 2011, un hermano mayor de Vargas segregó una finca en ocho partes y se las donó al actual legislador. En el momento de hacer la escritura, el frenteamplista fijó un valor fiscal de ¢100 por cada finca.
Alegato legal. Villalta fundamenta la defensa de Vargas en el artículo 16 de la Ley del Impuesto de Bienes Inmuebles, el cual señala que “los sujetos pasivos de bienes inmuebles deberán declarar, por lo menos cada cinco años, el valor de sus bienes a la municipalidad”.
“Si él fue ahora en enero a hacer la declaración voluntariamente, sin que la municipalidad le cobrara, yo no veo cuál es la irregularidad; está yendo dentro del plazo establecido por ley y es la municipalidad la que le dice que no puede”, dijo Villalta.
Por esos terrenos valorados en ¢800 ante el Registro Público, la Municipalidad de Turrialba solo podría cobrar a Gerardo Vargas ¢2 anuales (el 0,25% del precio) de impuesto de bienes inmuebles, aunque él mismo reportó a la Contraloría General de la República, este año, que el precio real de las fincas es de ¢84 millones.
Si el tributo se calculara sobre los ¢84 millones, el impuesto sería de ¢210.000 anuales.
El secretario general del FA, Rodolfo Ulloa, niega que Vargas haya evadido el pago de impuestos y culpó al Ayuntamiento por no permitir la actualización.
Frente a ello, congresistas de otras fracciones criticaron al Frente Amplio por acuerpar a Vargas y exigir otro tipo de medidas para funcionarios cuestionados por similar situación a la del parlamentario.
Según Froylán Alvarado, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, es común que las personas no reporten el valor real de sus propiedades con el objetivo de tributar menos: “Lo ideal sería que desde el momento que se inscribe la propiedad, se ponga su valor real”.