La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) se opone a la actual versión del proyecto de ley contra el acoso laboral en los sectores público y privado, por considerar que tiene una redacción “bastante” ambigua.
Jorge Luis Araya, director ejecutivo, y Marco Durante, coordinador de la comisión técnica jurídica laboral de la gremial, aclararon en la Asamblea Legislativa que la Uccaep no se opone a un proyecto de ley para regular el tema, pero demanda que sea sobre un texto que aclare, incluso, el concepto de acoso laboral.
Plantearon a los diputados ser parte de una mesa técnica en la que puedan trabajar mejor el texto que brinde seguridad jurídica a las partes.
“Creemos que sí es importante trabajar en una ley que defina correctamente qué es acoso laboral y cuál es el procedimiento que se debe seguir. La Sala IV ha señalado que debe ser uno que respete el debido proceso, el derecho a la defensa y respete a la víctima”, planteo Durante.
Sobre la actual versión del proyecto, Araya expuso: “Aun cuando se han aprobado mociones de este proyecto de ley, que han cambiado la redacción del texto, el sector productivo formal que está representado por Uccaep continúa con preocupaciones.
“Es un texto bastante ambiguo que se puede prestar a interpretaciones subjetivas y arbitrarias por aspectos como conductas jurídicamente indeterminadas, lo cual conlleva a que el sector tenga mucha preguntas sobre su aplicación.
“Por ejemplo, se define una conducta de acoso inducir a error o la realización de amenazas, lo cual nos lleva a hacer muchos cuestionamientos. ¿Qué significa inducir a error? ¿Cómo se califica una amenaza? ¿Se busca sancionar las amenazas que tienen el objetivo exclusivo de acosar o cabe esta tipificación cualquier tipo de amenaza?”.
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El proyecto fue presentado hace cuatro años por la exdiputada liberacionista María José Corrales. El texto establece 15 conductas para declara acoso laboral, entre estas cambiar de espacio físico, injustificado y desproporcionado, en condiciones inferiores a las que se encontraba el trabajador o limitar acceso a información, herramientas y materiales necesarios para llevar a cabo la labor.
Del mismo modo, sería declarado acoso laboral acciones dolosas que induzcan al error con evidente perjuicio para la persona acosada.
Araya aseguró que la iniciativa establece una serie de procedimientos que hacen suponer que están dirigidos a las grandes empresas, cuando en realidad más del 96% del parque empresarial del país son mipymes.
“Se asignan unas responsabilidades a las empresas sobre el bienestar físico, mental y social de la persona trabajadora como si no existieran factores ajenos que podrían incluir en los trabajadoras.
“Se enumeran diversos lugares donde se puede practicar el acoso laboral. Esta especificidad abre un capitulo de incertidumbre. Por ejemplo, se indica que se podrá realizar acoso en el lugar de trabajo, incluyendo la modalidad de teletrabajo. No hay una manera de demostrar la conducta de acoso laboral en estas situaciones, en algunas situaciones.
“Y preocupa que no queda claro qué acciones el patrono puede realizar por su posición de autoridad, sin que signifique que haya necesariamente acoso. De esta forma, puede verse mermado el poder de dirección que tiene el patrono”, objetó Araya.
Araya concluye que en la condición actual del país, con altos porcentajes de desempleo que afecta más a mujeres fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), una iniciativa como la señalada complicaría el funcionamiento de micro, pequeñas y medianas empresas que luchan por subsistir.
“La aprobación de este proyecto de ley significaría que las empresas van a dirigir sus recursos a la atención de un aumento en casos de investigación que significaría alejarlas del esfuerzo de crear más y mejores condiciones de empleo que urgen al país.
“Consideramos que, más bien, se debería trabajar en garantizar la inserción económicas de los costarricenses en vez de establecer barreras que causan una gran inseguridad y, por tanto, desconfianza para invertir y generar empleos”, señaló Araya.
Por su parte, Marco Durante, insistió en que Uccaep ve necesario una ley que regle el acoso laboral, pero esta debe ser clara, con balance, que proteja al trabajador, pero sin abuso del derecho.
“En el proyecto encontramos una serie de confusiones, en la que un patrono se encuentre en una situación de dejar de aplicar su poder de dirección por temor a encontrarse en un acoso labora. Es lo que precisamente ustedes diputados deben evitar con la aplicación de una ley como esta.
“Cuando incluyen el fuero de protección, cuando los trabajadores sientan que los van a despedir o sancionar, interponen una denuncia de acoso laboral por cualquiera de las causales que ustedes definieron en el proyecto de ley, algunas de ellas que contradicen jurisprudencia de acoso laboral. Nos encontramos una norma que es ambigua y da inseguridad jurídica a las partes”, criticó Durante.