El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) podría convocar, en cualquier momento, un referendo para que el pueblo decida, en las urnas, si se aprueba o no un proyecto de ley contra el maltrato animal.
La Asociación para el Bienestar y el Amparo de los Animales (ABAA) ya cumplió con el requisito de recolectar unas 130.000 firmas, el equivalente al 5% de las personas que componen el Padrón Nacional.
Cumplida esa obligación, solo falta que el TSE dé el aval y establezca la fecha en que se pondría a consulta esa iniciativa.
Sin embargo, los magistrados están en una disyuntiva porque el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, está a punto de sancionar otro proyecto de ley similar.
Se trata del plan que el lunes fue aprobado en primer debate por los diputados, en el cual se establecen penas de prisión y sanciones económicas para las personas que maltraten o maten intencionalmente a un animal.
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Si la Asamblea Legislativa hubiese avalado el mismo proyecto de ley que se quiere poner en consulta ciudadana, inmediatamente el TSE hubiese suspendido el referendo.
No obstante, al tratarse de dos textos distintos, gestionados bajo expedientes diferentes, el trámite de uno no excluye al otro.
"Al haberse completado ya todo el trámite y al estar el expediente listo para resolver por parte del Tribunal, una de las incógnitas que no ha sido despejada anteriormente en la jurisprudencia es establecer la conexidad o no de estos dos proyectos, si genera un tipo de efecto de uno sobre el otro", explicó el letrado del Tribunal, Andrei Cambronero.
Agregó: "Lo que corresponde es que el Tribunal haga un último análisis de si es viable o no la consulta, estamos en ese momento del expediente".
Por su parte, Juan Carlos Peralta, presidente de ABAA, dijo que no darán marcha atrás con el trámite para el referendo, pues todavía no hay certeza de que el proyecto que se aprobó en el Congreso se convierta en ley de la República, debido a que todavía falta que sea votado en segundo debate y no se descarta que sea enviado, una vez más, a consulta a la Sala IV
Peralta asegura que hasta enero el movimiento ambientalista definirá si continúan apoyando la consulta popular o, por el contrario, si se dan por satisfechos con el texto que consensuaron los diputados, el cual, en su criterio, establece castigos más suaves de los esperados.
El proyecto de ley que se discute en el Congreso impone penas de prisión de tres meses a un año a la persona que cause daño a un animal, debilitándole la salud, causándole sufrimiento intenso o por una agonía prolongada. Mientras que a quien mate intencionalmente a un animal, se le castigaría con cárcel de tres meses a dos años.
Amparo electoral. Antes de resolver esa disyuntiva, los magistrados deben resolver un recurso de amparo electoral que cuestiona la resolución que avaló la recolección de firmas para este referendo.
El gestionante, Federico Augusto Lancheros Amortegui, sostiene que tal trámite no debía ser autorizado por el TSE.
"Él hace una serie de observaciones en cuanto al trámite, la gestión en general, los contenidos de ciertas normas y la participación de ciertos actores dentro de la tramitación. Él considera que no es viable la tramitación", declaró Cambronero.
Los magistrados no tienen un plazo para definir qué sucederá y si estamos a las puertas del segundo referendo de la historia del país. El primero y único se realizó el 7 de octubre del 2007, ese día se puso a consulta el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.