El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó a la Municipalidad de Golfito aplicar una suspensión de 20 días, sin goce de salario, impuesta por la Contraloría General de la República (CGR), contra el alcalde Freiner Lara Blanco.
El ente contralor ordenó el castigo al estimar que, en tres años de labor, el alcalde no efectuó el análisis requerido sobre las sumas no prescritas que se pagaron de más en salarios a funcionarios municipales.
En virtud de la resolución N°. 15972-2023 emitida el pasado mes de noviembre, la Contraloría achacó a Lara Blanco responsabilidad administrativa por infracciones a las normativas de control y fiscalización de la Hacienda Pública.
En cumplimiento de esta resolución, el pasado 15 de diciembre, el TSE ordenó al departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Golfito aplicar la sanción, la cual abarcará desde el 2 hasta el 21 de enero de 2024.
La Contraloría atribuyó al alcalde la violación de normas de la legislación nacional, incluyendo el desacato al ordenamiento jurídico y a las órdenes emanadas por la CGR. Se le encontró responsable de faltas al deber de probidad y de desprotección frente a posibles pérdidas del patrimonio público.
La Nación intentó ponerse en contacto con el alcalde; sin embargo, no obtuvo respuesta a las llamadas realizadas a su teléfono celular ni a los mensajes dejados en su WhatsApp.
El caso
Electo en febrero de 2020 en la papeleta del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Freiner Lara Blanco asumió la alcaldía en mayo de ese mismo año. En ese mismo mes, se comprometió ante la Contraloría a iniciar el proceso de cálculo de sumas pagadas en exceso por el ayuntamiento con anterioridad.
Este compromiso lo realizó en cumplimiento de un informe del año 2018, del cual Lara Blanco indicó que no se había avanzado debido a que la gestión de la información se lleva a cabo manualmente, lo que ralentiza el proceso de verificación de las sumas pagadas de más.
Por ello, pidió en varias ocasiones prórrogas trimestrales. La CGR le concedió plazos adicionales y aceptó cronogramas de acciones.
No obstante, al cabo de tres años, según se desprende del informe, la municipalidad solo evaluó a ocho de los 105 funcionarios, a pesar de la insistencia del ente contralor.
En una oportunidad, el alcalde informó de que se detectaron diferencias salariales en favor de tres funcionarios y, en otra ocasión, indicó que a hubo pagos de más para cuatro empleados.
A la Contraloría no le quedó claro si la Municipalidad llevó a cabo alguna acción con el objetivo de recuperar las sumas pagadas en exceso.
En otra ocasión, en mayo de 2021, el alcalde justificó el retraso argumentando numerosos cambios vinculados a la aplicación de rubros como anualidades y aumentos asociados con la convención colectiva.
Explicó que, para diciembre de 2020, se recibió un pronunciamiento de la Sala Constitucional que declaró la inconstitucionalidad varios artículos de la convención colectiva relacionados con los aumentos salariales que disfrutaban los funcionarios de la Municipalidad de Golfito.
Para noviembre de 2021, argumentó que se pretendía contratar un profesional independiente que realice los cálculos correspondientes para determinar los montos pagados de más, y el ajuste salarial a cada funcionario.
Esta contratación se demoró un año por razones presupuestarias y de contratación administrativa.
La Contraloría determinó que el alcalde no hizo el análisis necesario de las sumas giradas de más que constituye el primer paso para abordar otros requerimientos, como la elaboración de un cronograma para recuperar las sumas pagadas indebidamente.