Después de más de seis meses, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está a punto de concluir la investigación por la sustracción de papeletas que se dio en marzo pasado, previo a la elección en segunda ronda del 6 de abril.
Según el letrado del TSE, Juan Luis Rivera, "en cualquier momento" se dará a conocer el resultado de las pesquisas, dado que se encuentra en su etapa final.
"El informe será remitido a los magistrados, salvo que se haya cometido una falta electoral, en ese caso se pondrá en conocimiento de la dirección de Registro Electoral", explicó Rivera.
Por la sustracción de las papeletas, el TSE ya separó a uno de sus funcionarios como supuesto responsable. Se trata de un guardia de seguridad de apellidos Álvarez Jiménez, que el Tribunal envió a las instalaciones de la imprenta R&R Donnelley, en Santo Domingo de Heredia, para cuidar el material electoral durante su elaboración.
Después de revisar los videos de seguridad, la institución detectó "conductas sospechosas" en el actuar de Álvarez, que hacen creer que habría sustraído el material electoral.
La separación se dio el 14 de marzo, solo cuatro días después de que Diario Extra y Extra TV 42 denunciaran la filtración de papeletas. En ese momento la institución argumentó mediante un comunicado de prensa que se trataba de un hecho aislado y de pocas papeletas.
“No fue una acción dirigida a orquestar un fraude electoral, pues mediante la conducta desplegada este no podría efectuarse”, decía el boletín.
En la vía judicial. De manera simultanea a la investigación del TSE, la Fiscalía Adjunta del I Circuito Judicial de San José cursó una causa contra Álvarez Jiménez por el supuesto delito de incumplimiento de deberes, por el cual podría enfrentar una pena de inhabilitacion de uno a cuatro años.
Según la oficina de Prensa del Ministerio Público, las pesquisas continúan a la espera de la ampliación del informe policial y de videos de la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
A mediados de marzo pasado oficiales de la sección de Fraudes del OIJ y de la Fiscalía Adjunta de San José inspeccionaron las instalaciones de la imprenta como parte de la investigación penal.