Tribunal de Ética del PLN investigará a diputados por nombramientos de asesores

Las sanciones van desde amonestaciones hasta la expulsión del partido.

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Redacción

El Tribunal de Ética del Partido Liberación Nacional (PLN) investigará a los diputados Ronny Monge y Karla Prendas por el intercambio de nombramientos de familiares y amigos en puestos de asesores.

Manuel Carballo, presidente del Tribunal de Ética del PLN, confirmó que, según el código de ética, las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta la expulsión o suspensión para formar parte del partido.

Al inicio de la presente administración, el legislador Ronny Monge usó una de sus plazas para contratar a Leiner Vásquez, quien es el esposo de su compañera de bancada, Karla Prendas.

A su vez, la parlamentaria Prendas empleó a la asesora Shirley Calvo en una plaza de jefa de despacho y, desde mayo del 2014, Calvo trabaja para el diputado Monge. Todos son amigos comunes.

"Es una obligación de todo miembro del PLN guardar con el más alto recelo la vigilancia por el correcto uso de los bienes y los recursos públicos. El hecho que denuncia La Nación, nos esta señalando, presuntamente, que hay un trueque de plazas", explicó Manuel Carballo.

LEA: Diputados hacen trueque para emplear familiares y amigos

Para el presidente del Tribunal de Ética del PLN, esta triangulación de intereses sería "definitivamente incorrecta y es contraria a la normativa ética del partido".

Los diputados serán llamados a dar cuentas en los próximos días y no se precisó por parte del Tribunal de Ética del partido cuánto podrían durar en resolver este caso.

¿Cómo lo hicieron? El juego de nombramientos se entiende de la siguiente manera: cada diputado tiene derecho a contratar 5,6 asesores de confianza. Como nadie puede contratar una fracción (0,6) de asesor, ese residuo se deja a disposición de la bancada.

Los legisladores tienen control absoluto sobre el destino de los otros cinco asesores de confianza, que responden a los diputados como sus jefes para todos los propósitos, aunque siempre la factura de sus servicios la paga el Congreso.

Desde el 2009, la Sala IV condenó al Congreso a emitir sanciones por violaciones a la probidad, sin que hasta ahora se haya aprobado nada.