Veinte expresidentes, incluidos tres de Costa Rica, solicitaron al Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) intervenir en el conflicto interno de Nicaragua.
En ese país, han muerto unas 27 personas en medio de las protestas y enfrentamientos con la Policía, tras el anuncio de una reforma al sistema de pensiones, la cual fue derogada el domingo anterior por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Los expresidentes costarricenses firmantes de la solicitud son Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), Óscar Arias (2006-2010) y Laura Chinchilla (2010-2014).
La hicieron en el marco del foro internacional Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).
En conjunto, los 20 expresidentes expresaron solidaridad con las víctimas, cese de la represión gubernamental, el repliegue de las fuerzas y grupos armados, y respeto a la libertad de manifestación, de expresión y prensa.
El llamado a la OEA es a "impulsar la adopción de medidas que, dentro de la Carta Democrática Interamericana, permitan la normalización institucional de Nicaragua y aseguren una paz social duradera".
Los expresidentes acusaron al 'binomio Ortega-Murillo' (Daniel Ortega y Rosario Murillo) de concentrar el poder y de evocar los tiempos de la dictadura de Anastasio Somoza.
Según la declaración, los elementos de la Carta Democrática han sido comprometidos y se ha profundizado su desconocimiento desde las últimas elecciones presidenciales.
La carta democrática establece acciones para normalizar la institucionalidad democrática de los países miembros, como la expulsión de un país de la OEA.
Esta declaración de expresidentes se da luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara las muertes relacionadas al conflicto, este martes.
"La CIDH hace un llamado a las autoridades a investigar de forma pronta y exhaustiva la conducta policial durante estas manifestaciones, y establecer las sanciones correspondientes. Asimismo, la CIDH exhorta al Estado a garantizar el estricto apego a los principios generales de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en contextos de protesta social", señala un comunicado oficial de la Comisión.