San José
Tres candidatos presidenciales se pronunciaron a favor de abrir el mercado de la generación de electricidad, mientras que otros dos expresaron reservas, durante el debate organizado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), este jueves, en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional, en La Sabana.
A favor de eliminar el monopolio hoy en manos del ICE se manifestaron Antonio Álvarez Desanti, de Liberación Nacional (PLN), Otto Guevara, del Movimiento Libertario; y Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana.
Pusieron objeciones Carlos Alvarado, de Acción Ciudadana (PAC), y Edgardo Araya, del Frente Amplio (FA).
Mario Redondo afirmó, por ejemplo, que no se debe poner al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por encima de la calidad del servicio que reciben los consumidores.
Álvarez Desanti cree que es necesaria la apertura para garantizarle al sector productivo precios competitivos que incentiven la inversión y el crecimiento económico. Y Otto Guevara, además de apoyar la apertura, dijo que echaría a andar medidas para aprovechar energías alternativas, como la biomasa y el gas natural, a fin de generar electricidad más barata.
En la otra cara de la moneda, el candidato del PAC dijo que estaría de acuerdo en alianzas público-privadas para la generación de energía. Sin embargo, opinó que la apertura no necesariamente provocaría la reducción en las tarifas, como lo proponen los aspirantes a favor de la apertura.
"La apertura no garantiza una reducción del costo de la tarifa, hay que ver el planteamiento de los proyectos para ver su impacto en la tarifa. Hay un debate central que es la firmeza en la energía. El tema es cómo generar un modelo ordenado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) que impacte en las tarifas", contestó.
Edgardo Araya, en tanto, dijo que el ICE ha venido desempeñando bien su rol como productor dominante de energía eléctrica y criticó a los cogeneradores privados que piden un aumento en su participación, en la matriz energética más allá del 30% actual, cuando, según él, ni siquiera logran llenar ese porcentaje que les es permitido.
La Uccaep invitó a los candidatos de partidos políticos que tienen o han tenido representación en la Asamblea Legislativa; por esto, dejó por fuera a Rodolfo Hernández del Partido Republicano Social Cristiano; y a Sergio Mena, de Nueva Generación.
No asistieron Rodolfo Piza, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Juan Diego Castro, de Integración Nacional (PIN).
Cierre de consejos del MOPT
En materia de desarrollo de infraestructura y los escollos que enfrenta el desarrollo de obras viales, todos los candidatos estuvieron de acuerdo en que hay que eliminar la mayoría de los consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en especial el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Consejo de Transporte Público (CTP), que regula a los buses, a fin de devolverle al ministro del ramo la rectoría sobre la obra pública.
De hecho, los aspirantes opositores pidieron al oficialista Carlos Alvarado que sus diputados intercedan para que Casa Presidencial convoque, durante las próximas sesiones extraordinarias de agosto, el proyecto para cerrar el Conavi y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Las concesiones a empresas privadas, sin embargo, seguirían siendo el mecanismo preferido para desarrollar obras públicas. La mayoría remarcó que echarían mano a ese esquema por la agilidad que guarda para desarrollar proyectos viales, principalmente.
Durante el debate, abundaron las críticas contra la gestión del presidente Luis Guillermo Solís en materias como el control del gasto público y el desarrollo de infraestructura vial, principalmente. Los candidatos opositores además le achacaron falta de liderazgo para resolver los problemas más abultados del país.
En los primeros minutos del debate, moderado por el director de La Nación, Armando González, los candidatos esgrimieron sus argumentos sobre la reforma salarial del Gobierno Central, especialmente en el pago de pluses.
Ordenar pago de pluses salariales en el sector público
Todos los candidatos estuvieron de acuerdo en que hay que ordenar el pago de remuneraciones a los empleados del Gobierno Central, sin embargo, mostraron criterios divergentes sobre cómo abordar el problema.
Otto Guevara propuso impulsar un proyecto de ley para unificar los 14 regímenes salariales del Gobierno en uno solo, homologando el pago de pluses salariales. Propuso pagar anualidades solo a los empleados que califiquen como excelentes en las evaluaciones anuales de desempeño, así como eliminar cláusulas abusivas en las convenciones colectivas.
Antonio Álvarez Desanti propuso tramitar reformas al empleo público, para ahorrar en el pago de beneficios, junto con un proyecto para reformar y modernizar el marco legal que rige a los empleados públicos: "El proyecto (para reformar el empleo público) no es suficiente, pero es una medida de corto plazo para parar la hemorragia para después recuperar al paciente. Se debe trabajar en paralelo en una reforma al Estatuto del Servicio Civil".
Por su parte, Edgardo Araya dijo que, contrario a lo que parece, el Frente Amplio no se opone a reformar los regímenes de empleo público. No obstante, abogó por hacerlo con cuidado, para no "precarizar" los derechos de los trabajadores públicos.
En esto coincidió con Carlos Alvarado, quien cree que cualquier cambio estructural en este sentido debería hacerse con base en el diálogo con los sectores interesados, aspirando a un consenso que evite la parálisis en el sector público.
En tanto, Mario Redondo dijo que insistiría en las denuncias que ha presentado como diputado durante el actual periodo constitucional, contra los abusos en los beneficios adquiridos por los sindicatos, en caso de llegar a Casa Presidencial.
Reforma fiscal
En materia de reforma fiscal, Carlos Alvarado afirmó que tendría voluntad de poner sobre la mesa el tema del control del gasto, hecho por el que ha sido criticado el actual gobierno del PAC, siempre con base en la generación de confianza entre sectores.
En este aspecto, Álvarez Desanti afirmó que echaría a andar medidas para detener el fluir de recursos públicos sin necesidad de pedir criterio al Parlamento mediante el envío de proyectos de ley. El aspirante verdiblanco considera que el Ejecutivo ya tiene suficientes herramientas legales para contraer y priorizar el gasto de recursos públicos.
Otto Guevara insistió en su propuesta de aumentar los ingresos del fisco a través de la reactivación de la economía y no mediante un aumento en los impuestos. Y Edgardo Araya dijo que centraría una reforma fiscal gravando las grandes riquezas y reduciendo la carga tributaria sobre los sectores más vulnerables de la población.
Hoy el déficit fiscal ronda el 5,2% del producto interno bruto (PIB). Hacienda cree que el deterioro de ese indicador amerita el debate de una reforma fiscal más agresiva que la propuesta en el 2015, así como alternativas como una nueva emisión de títulos valores estatales en el exterior para acarrear recursos al erario, aunque sea por la vía del endeudamiento.
Las elecciones presidenciales serán el 4 de febrero del 2018 y el inicio oficial de la campaña política será el 4 de octubre entrante, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) haga la convocatoria oficial a elecciones presidenciales. Sin embargo, los vientos electorales ya soplan con fuerza en el país.