Tren: tabla de salvación del transporte, según candidatos

Propuestas van desde el tranvía, un metro o bien renovar los ferrocarriles

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

Subscribe

El tren, en sus diversas formas, es la tabla de salvación que proponen los candidatos presidenciales ante el colapso de las principales vías del país y la crítica situación del transporte público de personas.

Los aspirantes a la presidencia de la República participaron ayer de un foro organizado por radio adn 90.7 FM, durante el cual se les pidió propuestas para mejorar la infraestructura vial del país.

Los cinco punteros en la preferencia del electorado coinciden en que el tren es la salvación ante el atoramiento de las vías, pero difieren en las formas de aplicarlo como mecanismo eficiente.

Mientras Rodolfo Piza, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cree que es posible construir un metro en la capital, Johnny Araya, de Liberación Nacional (PLN), mantiene su apuesta por un tranvía josefino.

El socialcristiano Piza dijo que se debe habilitar el tren también en las costas, de Siquirres a Limón y de Puntarenas a Orotina, así como en las líneas interurbanas.

Un tren eléctrico de $300 millones es factible, afirma José María Villalta, del Frente Amplio. Luis Guillermo Solís, del Partido Acción Ciudadana, también cree en el tren interurbano, pero añade que es necesaria una integración de todos los medios de transporte público de una forma inteligente.

La coincidencia fue más allá del tren, metro o tranvía, pues los candidatos también se deshicieron en elogios para el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Miguel Carabaguíaz, quien rige esa institución desde el 2005. Creen que él podría seguir en ese puesto o, incluso, tener madera de ministro.

Araya anunció ayer, en el foro radiofónico, que el Gobierno prepara una propuesta unificada para modernizar el servicio de ferrocarriles. Para ello se tramitaría un préstamo por al menos $500 millones, que incluiría el monto necesario para el tranvía capitalino.

Por cierres. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) es un cascarón. Eso lo aceptaron desde Johnny Araya hasta José María Villalta, además de Guevara, Piza y Solís.

La fórmula para darle fuerza, según cuatro de los aspirantes presidenciales, es la de cerrar los consejos descentralizados.

Así, en un próximo gobierno podrían desaparecer el Conavi (Consejo Nacional de Vialidad), el Cosevi (Consejo de Seguridad Vial), el CTP (Consejo de Transporte Público) y el CNC (Consejo Nacional de Concesiones).

El único que no se arriesgó a condenar esos órganos a su extinción fue Araya. “Hay que revisar los consejos”, aseguró.

“El Conavi desoye los criterios técnicos y luego todos los costarricenses deben pagar por sus errores”, reclamó Otto Guevara.

Piza recordó que ya desde la Junta de Notables recomendó cerrar esos consejos. Esa misma idea la suscriben candidatos como Óscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE).

Las alternativas son variadas. Dar fuerza de construcción al MOPT, dice Luis Guillermo Solís, a través de una sola entidad que atienda infraestructura.

Echar a los “pegabanderas”, propone Villalta. Promover la inversión pública, con fondos como los de pensiones, dijo Piza. El punto de quiebre está en si todo eso lo pueda hacer un gobierno en 4 años.

La mayoría de candidatos cree que no es posible, pero que sí se puede sembrar la semilla de ese cambio en el siguiente periodo.

“El próximo gobierno necesita un presidente constructor. Yo voy a ser ese constructor”, dijo Araya. Solís, en tanto, exige que se declare emergencia nacional por las carreteras, para obligar al Estado a actuar antes de seguir arriesgando vidas de costarricenses.