Los trabajadores independientes tendrían dos sillas en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), si los diputados aprueban un proyecto de ley que quedó dictaminado positivamente en la Comisión de Asuntos Económicos.
El expediente, denominado Ley del Trabajador Independiente, reformaría el artículo 6 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, para ampliar de nueve a once los integrantes de la Junta Directiva.
Con la nueva estructura, se incluiría a dos representantes de los trabajadores independientes. El resto de integrantes quedaría igual: un presidente ejecutivo y dos representantes del Estado nombrado por el Consejo de Gobierno, así como tres delegados del sector patronal y tres de los trabajadores organizados, como cooperativistas, solidaristas y sindicalistas. El periodo de todos sería de cuatro años, como ocurre actualmente.
El objetivo del proyecto, presentado por el exdiputado Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), es que los dos nuevos directivos puedan defender a los independientes en la Junta Directiva.
“Podrían defender los intereses de los trabajadores independientes para bajar los porcentajes de cotización, porque no han estado debidamente representados y en la Junta Directiva se aprueban cargas que los afectan”, sostuvo Muñoz.
Según el socialcristiano, en los estados democráticos “no hay impuestos sin representación” y, en la CCSS, se imponen cargas sociales sin que los independientes estén representados.
Estos trabajadores cotizan hasta el 18,78% de sus ingresos, mientras que los asalariados aportan el 10,5% de su remuneración.
Cuando se aprobó la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social CCSS, en 1943, no se tomó en cuenta al trabajador independiente en la conformación de la Junta Directiva porque no existía la obligatoriedad de que los independientes cotizaran.
En el año 2000, con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, se incorporó la obligación y, en el 2005, la Caja empezó a realizar los cobros.
“Precisamente, se necesita representación de los independientes para que hagan lo que la Sala IV dice que los diputados no pueden hacer, como bajar el porcentaje de cotización”, apuntó Muñoz.
En la actualidad, el sector laboral está representado por un directivo designado por las cooperativas, otro de los solidaristas y un tercero de los sindicatos. El legislador dice que esa estructura no representa a los trabajadores independientes.
Una moción del legislador del Frente Amplio, Jose María Villalta, incorporada durante el primer día de ajuste del expediente, dice que los representantes los independientes deberán provenir de diferentes sectores y serán nombrados por el Consejo de Gobierno, con previo concurso público.
“Como requisito indispensable será ser trabajador independiente inscrito y al día con la Caja”, señala la moción. Por otra parte, el proyecto de Muñoz introduce una definición de trabajador independiente que, en la actualidad, no existía textualmente en ninguna legislación. “Es la persona física que de forma habitual, personal y directa presta sus servicios, a título lucrativo, sin mediar relación laboral en los términos del Código de Trabajo”, define.
Además, ordenaría que la base de su cotización sean los ingresos netos, “derivados directamente del trabajo independiente, de carácter territorial, que la persona reciba dentro de un período determinado, que se declarará mediante un sistema de autoliquidación”.