Un proyecto de ley del diputado del PAC y actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, le cerraría la puerta al otorgamiento de nuevas pensiones de los regímenes de Gobierno, las cuales tienen el problema de que son muy costosas por las amplias ventajas que ofrecen.
Por ejemplo, para calcular la pensión, se toma como referencia el promedio de los 12 mejores salarios mensuales entre los últimos 24.
Por ello, el proyecto de ley plantea que los futuros beneficiarios de los siete regímenes contributivos de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) pasarían al sistema de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Estos regímenes contributivos son fondos a los que pertenecen exfuncionarios y trabajadores públicos que entraron a trabajar antes de 1992, fecha en que fueron cerrados, porque eran deficitarios, con la aprobación de la Ley Marco de Pensiones con Cargo al Presuúesto Nacional.
Es decir, las cuotas que pagan sus afiliados son insuficientes para costear los beneficios que estos sistemas otorgan.
Se trata de los regímenes de Hacienda, General de Pensiones, Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes, Registro Nacional, Ferrocarriles y Músicos de Bandas Militares.
El proyecto de ley establece un último plazo de 18 meses para que se pensionen, con estos regímenes, los trabajadores que cumplan los requisitos para ello. Vencido ese periodo, nadie más podría hacerlo.
Las personas que no estén cerca de cumplir los 60 años de edad y los 30 laborados en ese período –esos son los requisitos de dichos regímenes– tendrán que trasladarse al IVM y pensionarse con las condiciones de la Caja.
En el IVM, son necesarias 300 cuotas y 65 años de edad para acogerse al retiro.
Sin embargo, es posible anticipar la pensión por vejez, en el caso de las mujeres, a partir de 59 años y 11 meses de edad, con 450 cuotas; y los hombres pueden hacerlo desde los 61 años y 11 meses de edad, con 462 cotizaciones.
Otra de las cláusulas del proyecto de Morales es que quienes se acojan al transitorio se pensionen con un máximo de ¢2,7 millones, mientras que, adelante, se aplicará el techo de ¢1,6 millones, el máximo que paga la Caja por una pensión.
¿Es viable migrar al IVM? Tanto el ministro de la Presidencia como el jerarca de la DNP coinciden en que sí, siempre que el traslado se realice “en forma ordenada”.
“Se le pasan a la Caja las cotizaciones de esas personas y se les devuelve a los beneficiarios las que hayan dado de más”, argumentó Mora.
De hecho, la mayoría de los jubilados de las pensiones con Cargo al Presupuesto, de regímenes contributivos, se habían pasado a la Caja desde 1992.
Es decir, que aunque cotizan para el IVM y sus aportes se los deja la Caja, en este momento, esas personas se pensionarán con los beneficios otorgados por su régimen de origen. Por lo tanto, el pago de su jubilación tendría que asumirla la DNP.
El proyecto de ley de Morales también propone el cierre de los seis regímenes no contributivos que administra esa Dirección.
Estos son los fondos de pensión de Gracia, Guerra, Premio Magón, Expresidentes, Beneméritos y Guardia Civil.
Según Mora, el cierre de esos regímenes supondría un ahorro considerable para la instancia a su cargo.
En total, la DNP gasta casi ¢756.000 millones anuales en el pago de las pensiones contributivas, y cerca de ¢12.000 millones en las no contributivas.
Dado que este dependencia del Ministerio de Trabajo administra regímenes de pensiones que fueron cerrados y cargados al gobierno por ser deficitarios, se financia en un 91,7% con impuestos de deuda. Tan solo el 8,3% son recursos propios.
Lo anterior sin contar los gastos administrativos, que son de ¢2.400 millones anuales, comentó Mora.