La Sala IV sentenció que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) violó el derecho constitucional de acceso a la educación de sus estudiantes al suspender clases, en todos sus campus, para participar en una marcha en protesta contra el gobierno el pasado 25 de octubre.
En la resolución 2023-032343, los magistrados constitucionales declararon parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por un grupo de estudiantes.
Los alumnos expresaron inconformidad con la resolución de la Rectoría del Tec del 19 de octubre, la cual suspendió todas las evaluaciones, clases y excursiones para permitir que el personal docente, administrativo y estudiantil acudiera a una movilización de la comunidad institucional el 25 de ese mes.
Los recurrentes argumentaron que esta disposición vulneró su derecho a la educación al impedir la impartición de clases, generando así una alteración en los cronogramas del curso lectivo. Además, señalaron que tanto el derecho a la objeción de conciencia como el acceso a la educación son derechos constitucionales que no deben ser vulnerados, bajo el pretexto de ejercer la autonomía universitaria.
Libertad de cátedra y de manifestación no son irrestrictos
Al confirmar que la Rectoría del Tec efectivamente decidió suspender las actividades académicas, con excepción de aquellas ya autorizadas y los servicios de seguridad y vigilancia, la Sala IV concluyó que se vulneró el principio constitucional de acceso a la educación.
La Sala dijo que, si bien reconoce el principio de libertad de enseñanza y de libre cátedra de la universidad recurrida, así como el derecho a manifestarse de profesores y alumnos, “también entiende que esos principios no son irrestrictos y que deben ser ejercidos dentro de parámetros de racionalidad y con respeto de los demás derechos fundamentales, como el de educación”, dice el resumen de la sentencia.
En consecuencia, la Sala IV resaltó la necesidad de que la educación, al ser considerada un servicio público, sea proporcionada de manera ininterrumpida.
“Cualquier acción que interrumpa o limite el acceso a la educación, como suspender clases para asistir a una marcha, y que las lecciones no sean repuestas, se interpreta como una infracción al derecho constitucional de acceso a la educación”, sentenciaron los magistrados.
En este sentido, procedieron a declarar con lugar la reclamación debido a que los demandantes y otros estudiantes quedaron desprovistos de lecciones, las cuales no fueron recuperadas.
No obstante, dado que el periodo lectivo de la institución concluyó el 30 de noviembre de 2023 y resulta inviable reponer la fecha en cuestión, la procedencia del recurso se limita a aspectos indemnizatorios y, según la sentencia, “se le advierte a la autoridad recurrida abstenerse en incurrir” de nuevo en hechos como los que motivaron el recurso.
Así se lo incidó la Sala IV ordenó a Ricardo Coy Herrera, en calidad de rector interino del Tec.
La sentencia también impone al Instituto Tecnológico de Costa Rica la obligación de pagar las costas, daños y perjuicios, los cuales se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Según argumentó el Tec ante el Tribunal, la manifestación sirvió para defender el Estado social de derecho, la salud, la educación de calidad, la seguridad ciudadana, la soberanía alimentaria y muchas otras cuestiones que identifican la paz social de Costa Rica.
“Es muy importante la presencia del Tec en esta manifestación. Así como el resto de las universidades y casi 40 organizaciones más, estamos uniéndonos a esta lucha alrededor de los 10 temas que nos preocupan en relación al Estado social de derecho, que se han venido deteriorando tanto en nuestro país”, expresó María Estrada Sánchez, rectora del Tecnológico.
La Nación solicitó este martes una reacción al Tec sobre la resolución de la Sala Constitucional.