Los taxistas pretenden que el Gobierno retome la idea del Gobierno y los diputados anteriores de que el Estado les pague una indemnización por la entrada al país de las plataformas de transporte como Uber y DiDi.
Rubén Vargas, secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), explicó que, durante la reunión sostenida el 23 de febrero con el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el gremio planteó la idea de que a cada concesionario se le indemnice con ¢20 millones.
Según Vargas, el presidente les respondió que una indemnización no era posible por falta de recursos.
“Pero nosotros vamos a insistir. Se habló de que el tema lo podríamos retomar después”, dijo el dirigente.
Si una idea así fuese aprobada, el Gobierno debería desembolsar unos ¢210.000 millones, en caso de que las concesiones de taxis ronden las 10.500, según las cifras dadas por Vargas.
Ese dinero equivale al 51% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en 2023 y al 72% a los programas de atención vial para este año.
Consultado sobre la solicitud de los taxistas, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, aclaró que para realizar cualquier pago, el dinero debe estar en el Presupuesto Nacional. “Y ese rubro no está”, sentenció.
Añadió que, por el límite al crecimiento del gasto que establece la regla fiscal, no hay espacio para esa indemnización en el 2023, excepto que se usen recursos de otros fines. ”Además, más ingresos no significa más gasto, dada la restricción de la regla fiscal”, dijo.
El dirigente de taxistas alega que en siete años los taxistas han registrado pérdidas millonarias por la operación de las plataformas.
“Antes un taxi hacia ¢60.000 al día de trabajo, hoy hacemos ¢20.000 o ¢25.000 al día. En estos siete años, hemos perdido mas de ¢50 millones diarios que se quedan en las plataformas que operan como piratas”, señaló Vargas.
El dirigente dijo que una alternativa para obtener los recursos sería tomarlos del pago de renta de las plataformas.
En setiembre del 2019, el gobierno de Carlos Alvarado se comprometió con el gremio a impulsar, en el Congreso, que los taxistas y sus familiares recibieran una compensación económica con la regularización de las plataformas. La iniciativa no prosperó.
“Hay que entender que el gremio de los taxistas responde a una concesión que ha sido otorgada por el Estado y, en vista de que habría un cambio en la normativa, buscaríamos que sea a través de ese marco legal que se genere ese aspecto compensatorio”, justificó el entonces viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro.
Alfaro añadió, en esa ocasión, que se pensaba en varias figuras para financiar la indemnización, como el pago de multas y un costo de inscripción de las plataformas. Él es el actual presidente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Ese texto exigía a las plataformas pagar una inscripción de ¢8.300 millones, si habían entrado a operar antes de que el proyecto se convierta en ley.
De igual forma, contemplaba que una plataforma que entrara a operar, una vez promulgada la legislación, debería pagar ¢44,6 millones para registrarse y ¢22,3 millones por renovar permisos.
Posteriormente, en abril del 2022, la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa acogió un texto sustitutivo con establecía el pago del 13% de impuesto al valor agregado (IVA) por cada servicio de transporte, para financiar una indemnización en favor de los taxistas.
Este texto planteado por el exdiputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, actual embajador en México, dice que la formalización de las plataformas también podía desembocar en finiquitos de los contratos de concesión que el Estado ha otorgado para la operación de taxis.
A Rubén Vargas se le consultó si la idea incluía la devolución de la concesiones al Estado, pero no lo aclaró.
Puja por precios
En la reunión de la semana anterior con los taxistas, el presidente Rodrigo Chaves se comprometió a impulsar en el Congreso que los taxistas y los choferes de plataformas de transporte, como Uber y DiDi tengan la misma regulación de precios.
Vargas comentó que los taxistas estarían dispuestos a bajar la tarifa a ¢900 u ¢800 del primer kilómetro de recorrido y los adicionales.
A partir de ese piso, los choferes de las plataformas podrían cobrar hacia arriba con tarifa dinámica, mientras que los taxis se quedarían cobrando igual, añadió.
Consultada por La Nación, Uber se refirió en general al plan de regular las plataformas.
“En más de 155 jurisdicciones alrededor del mundo, se cuenta con una regulación para las plataformas tecnológicas de movilidad. Por eso apoyamos una regulación que reconozca las particularidades del modelo de negocio de las plataformas, en un marco que permita a las miles de personas que utilizan la aplicación de manera independiente, generar ingresos adicionales, especialmente en el escenario actual, y a los millones de consumidores, tener la libertad de escoger la opción que les resulte más conveniente para movilizarse por las ciudades”, respondió la empresa.
Añadió que la aplicación de Uber apoya la economía local al permitir que más de 28.000 socios colaboradores generen ganancias adicionales y encadenamientos productivos.
“Seguimos dispuestos al diálogo para construir una regulación moderna y enfocada en el beneficio del usuario, junto a los señores diputados y las autoridades de gobierno, con quienes hemos venido conversando desde el subcomité de plataformas digitales de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
“Entendemos que las autoridades trabajan con el objetivo de un escenario de convivencia sana y confiamos en que entre todos los sectores logremos encontrar la fórmula idónea para Costa Rica”, finalizó.