La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) se negó a aportar ¢5.670 millones de su superávit y ¢40.000 millones del superávit del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) para ayudar a hacer un abono a la deuda pública.

Mientras tanto, la Junta de Protección Social (JPS) aceptó dar ¢15.000 millones de sus ahorros para el mismo fin, y no los ¢34.000 millones que originalmente planteó el proyecto de ley conocido como Pagar.

En una sesión de casi cuatro horas, en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, los jerarcas de dichas instituciones expusieron sus criterios sobre el plan del gobierno de Carlos Alvarado que les piden trasladar parte de sus dineros sobrantes.

En el caso de la Sutel, Federico Chacón, presidente del consejo de la Sutel, aseguró que el proyecto de ley 21.794 los golpea por dos lados, tanto por el monto que se tomaría de la Sutel como por el que viene del Fonatel.

“El aporte a la situación del país sería más efectivo si se asignan esos recursos para sus fines, porque van a contribuir a la recuperación social y la reactivación económica”, dijo el jerarca.

En lo relativo a la Sutel, Chacón aseguro que en los últimos dos años se ha reducido el superávit histórico y se ha ejecutado más del 90% del presupuesto.

Los recursos de la Superintendencia provienen de tres cánones: el de regulación, el de reserva del espectro radioeléctrico y de una contribución especial parafiscal de los operadores supervisados.

Chacón alegó que la totalidad de los recursos de que dispone la Sutel, incluyendo los ¢5.669 millones del superávit, ya están incorporados en el presupuesto.

Por tanto, el jerarca alegó que trasladar ese dinero al Gobierno para el pago de deuda pública afectaría el cumplimiento de los objetivos de disminución de la brecha digital.

Además, adujo que, por lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, la Sutel es independiente técnica y económicamente.

“También se afectarían las obligaciones de la Sutel en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones”, dijo.

De acuerdo con el criterio de Chacón, apoyado por Hannia Vega, también miembro del consejo de Sutel, el Fonatel no es un superávit, sino un fondo que tiene recursos con destinos específicos protegidos por ley.

En cuanto a los programas del Fondo, Chacón dijo que se enfocan en poblaciones que el mercado de telecomunicaciones no puede atender: comunidades conectadas, hogares conectados, centros públicos conectados y espacios públicos conectados.

El jerarca de la Superintendencia concluyó que el superávit de la entidad es específico y está “comprometido por funciones como órgano regulador y autoridad reguladora”.

Diputadas como Laura Guido y Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC), les cuestionaron a los delegados de la Sutel cómo ahora sí podrían ejecutar el dinero que años atrás no gastaron, por ejemplo en proyectos como los que llevarían conexión en telecomunicaciones a territorios indígenas.

Vega alegó que hay compromisos contractuales para la ejecución de ese dinero.

Sin embargo, la liberacionista Yorleny León reiteró el cuestionamiento, específicamente en lo relacionado con un proyecto sobre microempresas, que ya se incorpora como gasto previsto, pese a que no ha recibido la autorización para que se lleve a cabo.

“¿Es estrategia de la Sutel incorporar nuevas líneas de ejecución para hacer reservas y disponer de menos superávit específico, y así evitar el traslado de recursos?”, cuestionó la legisladora.

JPS: ‘Concordamos el monto con el presidente’

En el caso de la Junta de Protección Social (JPS), su presidenta, Esmeralda Britton, informó a los diputados que finalmente concordó con el presidente, Carlos Alvarado, y el ministro de Hacienda, Elián Villegas, el traslado de máximo ¢15.000 millones del superávit libre de la Junta.

Originalmente, el proyecto planteaba que se trasladaran ¢34.000 millones de lo ahorrado por la Junta; sin embargo, la junta directiva de la entidad se opuso porque, durante dos meses, prácticamente estuvo suspendida la venta de las loterías, salvo la electrónica.

Si bien ese ahorro se tenía previsto para la construcción de un nuevo edificio, Britton dijo que se entiende la situación del Estado y del gobierno, máxime que la pandemia del covid-19 ha incrementado la situación de necesidad.

La jerarca de la Junta explicó que las utilidades de la entidad se reparten en 430 organizaciones que cuidan de adultos mayores, enfermos de varios tipos y niños, entre otros objetivos de bienestar social, según lo fija la ley.

Britton apuntó que el superávit total de la entidad es de ¢100.000 millones, incluyendo el ahorro para el nuevo edificio, pero apuntó que también ese dinero se trasladó a la caja única del Estado.

Esa gestión implicó que las ganancias que generaban los intereses de ese dinero ya no se queden en la institución, que anualmente ascienden a ¢5.000 millones.

La iniciativa Pagar, presentada por el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves, en febrero, plantea el traslado de ¢226.000 millones a las arcas del Estado, para pagar deuda interna.

Lo que pide el proyecto originalmente, de cada institución, son (montos en millones de colones):

-JPS ¢34.000

-INA ¢33.000

-Inder ¢17.000

-ICT ¢25.804

-Imprenta Nacional ¢18.636

-Incop ¢536

-Sutel ¢5.669

-Registro Nacional ¢24.000

-Fondo del Consejo de Salud Ocupacional, Ministerio de Hacienda ¢18.000

-Fonatel ¢40.000

-Soresco ¢9.500