La mediación de dos diputados en el negocio de venta del Hospital La Católica generó críticas de otros legisladores, quienes se cuestionan si ese tipo de gestiones son parte de las atribuciones parlamentarias.
En una reunión el 15 de febrero pasado, los congresistas Víctor Morales Zapata y Juan Luis Jiménez Succar, de Acción Ciudadana (PAC) y de Liberación Nacional (PLN), respectivamente, les dieron a representantes de una empresa cooperativa un recado del Grupo Sama.
El mensaje decía que ese consorcio empresarial está abierto a escuchar opciones de compra del centro médico, en caso de que aparezca una buena oferta.
Para el jefe de la fracción del PAC, Marco Redondo, el problema es que, como congresistas, los dos facilitadores de la negociación están más expuestos ante la opinión pública en todas las gestiones que hagan.
“Siempre tenemos que cuidarnos, porque tenemos una investidura que hace que todo lo que hacemos tenga que ser más transparente. Hay un deber de todos, pero como diputados tenemos una responsabilidad mayor”, consideró Redondo.
Las gestiones de ambos legisladores incluyeron la alerta de la posible venta que, según Morales Zapata, se la dio un médico, quien es vicepresidente del Grupo Sama y gestionó la reunión con el presidente de esa sociedad empresarial para conocer los detalles del negocio hospitalario.
Fuera de atribuciones. El diputado y fundador del PAC, Ottón Solís, enfatizó que la mediación en negocios entre dos empresas no forma parte de las atribuciones de los legisladores, establecidas en el artículo 121 de la Constitución Política.
“No hay una sola manera, ni directa ni indirecta, de que una de nuestras funciones sea servir de intermediarios entre dos empresas. De acuerdo al principio de legalidad, los que estamos en el sector público solo podemos hacer lo que establece la ley”, dijo Solís.
Añadió que, como diputados, los 57 parlamentarios tienen poder para ajustar las leyes y, por ese “poder”, tendrían ventaja sobre cualquier otro mediador en negocios de ese tipo.
“Es muy sabia la Constitución por considerar ese potencial peligro”, manifestó el legislador.
El vocero legislativo del Frente Amplio, Gerardo Vargas, se hizo la misma pregunta en relación con la participación de dos congresistas en la mediación del negocio y coincidió en que eso no es parte de las funciones para las cuales se elige a los diputados.
Intereses. Consultados sobre esa gestión, Morales Zapata y Jiménez Succar manifestaron a La Nación que su participación se da sin recibir comisión a cambio y por su frecuente contacto con el sector cooperativo.
Por eso, para el también liberacionista Antonio Álvarez Desanti, lo que la participación de Jiménez representa es un “gesto de apoyo” a los cooperativistas.
“Su participación no es por el fin de lucro personal o como comisionista o intermediario haciendo negocios”, dijo Álvarez.
Añadió que sobre Morales no tiene elementos para opinar. De la misma forma habló el también verdiblanco Rolando González.
“No tengo elementos de juicio para evaluar lo ocurrido”, comentó. Se intentó consultar al jefe del PLN, Julio Rojas, si conocía de las gestiones de Jiménez, pero no contestó su teléfono.