Tras reconocer que Costa Rica afronta una serie de desafíos sociales, económicos, políticos y culturales por garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, los presidentes de los supremos poderes de la República suscribieron el jueves una declaración conjunta para combatir el racismo y la discriminación racial en el país.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunciaron una serie de compromisos con esta población a propósito del Mes de la Cultura Afrocostarricense y plantearon una ruta con acciones concretas para atacar este problema histórico.
El punto de partida será la instalación de una instancia permanente de coordinación, “al más alto nivel”, con el fin de ejecutar acciones contra el racismo y la discriminación racial, así como fortalecer la convivencia pacífica y democrática.
Dicho espacio servirá para plantear estrategias entre los supremos poderes para educar y sensibilizar sobre el tema a cuerpos policiales, operadores de justicia y servidores públicos en general.
Asimismo, informaron del compromiso de conmemorar conjuntamente y declarar de interés público el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, a partir del 21 de marzo del 2021.
El documento fue firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado; el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank; el jerarca de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, y el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado.
La declaración suscrita tomó como base los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
También se basaron en la Convención Interamericana Contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, así como otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por Costa Rica.
Además, el acuerdo contó con el acompañamiento del despacho de la primera vicepresidencia, Epsy Campbell, y la oficina del Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia, Enrique Joseph.
Los presidentes de los supremos poderes tomaron en consideración la Declaración y Programa de Acción de Durban, que fue adoptada por consenso en la Conferencia Mundial contra el Racismo del 2001, celebrada en Durban, Sudáfrica.
En esa ocasión, los Estados participantes afirmaron que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia constituyen graves violaciones de todos los derechos humanos y obstáculos al pleno disfrute de esos derechos, ya que niegan la verdad evidente de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos.
Los actos discriminatorios “constituyen un obstáculo a las relaciones pacíficas y de amistad entre los pueblos y las naciones, y figuran entre las causas básicas de muchos conflictos internos e internacionales, incluidos los conflictos armados, y el consiguiente desplazamiento forzado de poblaciones”, destaca el documento.
Compromisos acordados
En la declaración conjunta firmada el jueves, los jerarcas acordaron condenar categóricamente todas las formas de discriminación racial en Costa Rica y en todas las partes del mundo.
También exhortaron a todas las instituciones del Estado a adecuar de manera urgente sus políticas, estrategias, programas y proyectos, a principios que luchen contra la discriminación racial.
Asimismo, anunciaron que van a promover, a nivel internacional, una Alianza Global contra el Racismo y la Discriminación Racial, en concordancia con la histórica defensa, promoción y protección de los derechos humanos de la República de Costa Rica.
“Unimos nuestros esfuerzos y afianzamos nuestro empeño por cumplir nuestros compromisos y demostrar voluntad política para combatir y erradicar todas las manifestaciones de discriminación racial y formas conexas de intolerancia en todas las esferas de la vida.
“Reafirmamos la aspiración de la Política Nacional para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia (2014-2025), de convertir a Costa Rica en una sociedad respetuosa e inclusiva respecto de los derechos de las personas, sensible a la diversidad sociocultural y étnica, regida por principios democráticos en favor del bienestar de las personas, la búsqueda de mayor armonía social, la convivencia pacífica y coexistencia de culturas, personas y grupos de orígenes diferentes”, reza el acuerdo.
Falta de sanciones
El pasado 13 de junio, el escritor, docente, excomisionado de los pueblos afrodescendientes e investigador, Quince Duncan, afirmó que es urgente establecer de medidas legislativas y reglamentarias que sancionen los actos de discriminación en Costa Rica, especialmente aquellos originados en el racismo contra la población afrodescendiente.
Duncan fue convocado en esa ocasión a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa para analizar si Costa Rica cumple a cabalidad con los protocolos contra el racismo y la discriminación racial.
El tema se abordó a propósito de los actos de violencia ocurridos en Estados Unidos tras la muerte del ciudadano afrodescendiente George Floyd, a manos de un policía.
El escritor e investigador se refirió a los compromisos internacionales en derechos humanos que se encuentran pendientes de cumplimiento por parte del Estado, encaminados a garantizar la efectiva igualdad y la no discriminación de las personas afrodescendientes, así como de la sanción a todas las formas de violencia y discriminación racial en el país.
“La raza es un invento social, es decir, es una estrategia social ,y sobre la base de raza, tenemos racismo. Si no hay raza, no hay racismo. El racismo se basa en la teoría de que la humanidad está dividida en razas y es un invento social que después comenzaron a ver cómo hacían para justificarlo en términos fenotípicos”, aseveró Duncan.
El docente aseguró que el país necesita una legislación que permita la represión de toda propaganda, organización y práctica que se inspire en ideas o teorías basadas en la pretendida superioridad de grupos raciales o étnicos, y que pretenda justificar o estimular cualquier forma de odio o discriminación racial.
“Parece mentira, pero en uno de los países líderes en temas de derechos humanos como lo es Costa Rica, la discriminación racial es una contravención, creo que es de ¢1.000 la multa”, comentó.
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