Un mes y tres días después de que la Sala Constitucional anunció, la medianoche del 31 de julio, su fallo sobre las consultas legislativas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público, esta sentencia sigue en el proceso de redacción.
“El proceso de la redacción integral de la opinión consultiva es sumamente complejo, por lo que no se puede proyectar una fecha”, informó el Tribunal Constitucional.
Posterior al anuncio de esa resolución, el presidente de la Sala, Fernando Castillo, mantuvo comunicación con la jerarca del Directorio legislativo, la diputada Silvia Hernández, a quien le había comentado que ese proceso de redacción se tomaría un mes, aproximadamente.
“He hablado en diferentes momentos con el presidente de la Sala Constitucional y su argumento es que es una de las resoluciones más complejas de los últimos 20 años y que están haciendo todo el esfuerzo por tenerlo listo lo más pronto posible”, indicó la diputada presidenta.
Hernández agregó que el Directorio está pendiente del asunto y que, una vez llegue el documento al Congreso, se activará de inmediato el trámite reglamentario sobre consultas de ese tipo.
“Lo que he tratado, en razón de que no ha llegado este importantísimo proyecto, es tratar de correr con temas tan importantes como el plan sobre cáñamo, por ejemplo, que ha estado pegado. Tengo conciencia de que cuando empleo público llegue, monopoliza los primeros lugares del orden del día”, apuntó.
Por su parte, mediante su oficina de prensa, los magistrados constitucionales afirmaron que están haciendo todos los esfuerzos para tener la resolución integral lo antes posible.
“El tiempo transcurrido está dentro de lo normal y esperado para un tema de tal magnitud, tomando en consideración la cantidad de puntos consultados por las y los legisladores”, insistió la Sala.
En la respuesta a tres consultas facultativas sobre la constitucionalidad del plan sobre empleo público, los magistrados constitucionales encontraron vicios de fondo y avalaron varias de las propuestas del plan.
Por ejemplo, se declaró inconstitucional la rectoría del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) sobre el Poder Judicial, las universidades públicas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las municipalidades en materia de empleo.
En cambio, la Sala avaló el salario global para los funcionarios públicos actuales y los futuros, así como cinco prohibiciones que introduce la iniciativa legal sobre las convenciones colectivas, como la de negociar incrementos salariales o crear incentivos a los funcionarios.
Cuando la Asamblea reciba la sentencia integral de la Sala Constitucional, tendrá que enviarla a la Comisión Especial de Consultas de Constitucionalidad, para que esta defina cuál será la ruta para la iniciativa.
Una vez que ese órgano parlamentario rinda su informe, remitirá su recomendación al plenario de la Asamblea Legislativa, el cual deberá tomar una decisión sobre cómo arreglar el proyecto.
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