La Sala IV rechazó ayer liberar al regidor Iván Angulo Arias y al sindicalista Orlando Barrantes Cartín, condenados a 12 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo, en perjuicio de varios policías durante una protesta de agricultores.
La Sala consideró que “el hecho de que se haya dictado una sentencia condenatoria contra los tutelados, es fundamento suficiente para decretar la prisión preventiva”, por lo que la actuación fue a derecho.
La magistrada Nancy Hernández se apartó del criterio de mayoría y pidió archivar el proceso por haber excedido un plazo razonable y, por ende, liberar a los condenados.
También, Luis Fernando Salazar ordenó la libertad por considerar que el proceso atentó contra la dignidad humana.
Los magistrados sí declararon parcialmente con lugar, el recurso por violación del principio de justicia pronta y cumplida contra Angulo y Barrantes.
En dicha resolución se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados, debido al atraso del proceso, el cual ya suma 15 años.
Retención. Los hechos se remontan al 12 de diciembre del 2000, cuando un grupo de manifestantes retuvo a varios policías amarrados a un camión cisterna por 12 horas, bajo amenaza de prenderles fuego. Exigían la liberación de varios compañeros detenidos por la Policía. Según el fallo del Tribunal de Pococí, Angulo y Arias habrían dado la orden de retener al grupo de oficiales.
El diputado libertario Otto Guevara, y Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio, presentaron ante la Sala el recurso de habeas corpus. Alegaron que los seis meses de prisión preventiva que les dictó el juzgado penal eran injustificados y extralimitados.