Luego de dos años y cinco meses de tener bajo estudio una acción contra el tope a las pensiones de lujo, la Sala Constitucional espera el nombramiento de un magistrado suplente y, finalmente, emitir un criterio sobre una directriz del Ministerio de Trabajo.
La acción que frenó la decisión ministerial se presentó en setiembre del año 2014, luego de que el exministro Víctor Morales Mora firmara una instrucción para imponer un tope de ¢2,3 millones a las pensiones con cargo al Presupuesto de la República.
Cuando los magistrados recibieron la acción, frenaron el recorte a la pensión del accionante; días después, el Ministerio decidió suspender la aplicación de la directriz, mientras en la Asamblea Legislativa se tramitaban los proyectos para imponer dichos recortes por vía de ley.
Fernando Castillo, magistrado instructor de este caso, explicó que faltan pocos meses para que la Sala Constitucional emita su sentencia, luego de que el presidente propietario de ese tribunal, Ernesto Jinesta, solicitara el permiso para inhibirse de votar en ese caso.
Según indicó Castillo, el jerarca interino, magistrado Fernando Cruz, aprobó la inhibitoria de Jinesta y, a la vez, rechazó las inhibitorias solicitadas por los magistrados Nancy Hernández y Luis Fernando Salazar.
Precisamente el permiso concedido a Jinesta es el que obliga a la Sala IV a pedir la asignación de un suplente que tome el puesto, estudie el caso y, cuando esté listo, lo informe a los seis miembros restantes de ese tribunal y empiece la deliberación final sobre las pensiones.
Adelanto de criterio. La razón de que Jinesta pidiera evitar esa decisión tiene que ver con declaraciones suyas publicadas en La Nación , el 28 de octubre del 2016, donde atacaba las intenciones políticas de recortar las pensiones millonarias.
“Estamos llamados a decirle a la Asamblea Legislativa que respete nuestra independencia judicial, que nuestras jubilaciones no se tocan, que nuestras jubilaciones no pueden ser pauperizadas o diezmadas, no pueden ser jubilaciones indignas para el sacrificio que supone el ejercicio de la función jurisdiccional”, manifestó Jinesta en una sesión de la Corte Plena plasmada en el acta 21-16, del 20 de junio del año pasado.
“Es un asunto complejo, ha generado no poca polémica ante la opinión pública, como usted tiene conocimiento a raíz de varias noticias que ustedes consignaron en su diario”, comentó Fernando Castillo.
Lo que sigue, añadió el magistrado instructor, es enviarle el proyecto de resolución al suplente para que lo estudie y conformar el tribunal.
Aunque dicha acción no tiene relación directa con las leyes aprobadas el año pasado, una decisión de la Sala IV dejaría clara la opinión de los magistrados sobre las pensiones altas.
Consultado sobre esto, Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), destacó que hay magistrados que pueden considerarse “baluartes de la ética, que comprenden que no deben defender intereses propios, como Nancy Hernández”.
Aseguró que hay otros que sí van por lo suyo, “como la magistrada presidenta de la Corte”, quien se opone a los recortes.