La Sala Constitucional ordenó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) destruir un disco compacto (CD) que contiene la grabación de llamadas realizadas y recibidas por una funcionaria de la entidad, quien afronta un proceso disciplinario interno.
Así consta en la sentencia 012831-16 del 9 de setiembre de este año, la cual recalca que las comunicaciones solo pueden ser intervenidas en casos penales.
"La Constitución Política, en su numeral 24, establece que solo por orden jurisdiccional resulta legítima la intervención de cualquier tipo de comunicación, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos penales sometidos a su conocimiento", añade la resolución de la Sala Constitucional dada a conocer este martes.
El proceso disciplinario contra la trabajadora se abrió hace tres meses, aproximadamente, cuando según José Alberto Moya, gerente general del AyA, se detectó una irregularidad en la duración de las llamadas.
"Hubo una llamada de cerca de 10 minutos que el sistema automáticamente grabó, debido a que permite detectar si el usuario tiene algún problema particular para ayudarle. Sin embargo, esas grabaciones (las realizadas a la funcionaria) estaban en un sobre con llave y no se utilizaron", argumentó Moya.
El funcionario sostuvo que luego de la resolución de la Sala Constitucional, este lunes 26 de setiembre se procedió con la destrucción del disco, en presencia de abogados de la Dirección Jurídica de la institución y la funcionaria involucrada.
"El protocolo de llamadas de la línea 800 advierte que la llamada va a ser grabada para efectos de control de calidad y eso fue lo que se hizo, pero esas grabaciones nunca se utilizaron como pruebas. El disco fue destruido ayer (lunes)", alegó el gerente.
La Sala Constitucional recalcó en la resolución que la intervención nunca fue ordenada por un juez, por lo cual no se cumple con las condiciones establecidas legalmente.
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Proceso
El gerente general del AyA explicó que el proceso que se sigue en contra de la funcionaria aún está en curso y se dio luego de que en apariencia ella utilizara la línea 800 para llamadas personales a una compañera.
"Fallos de la propia Sala Constitucional establecen que no pueden utilizarse activos institucionales para fines personales", añadió Moya.
Incluso, la Sala agrego en la resolución que, en el caso de los registros telefónicos (el listado de llamadas, no su contenido) la situación es distinta, ya que en estos "no está de por medio el derecho a la intimidad y el secreto a las comunicaciones".
"Se trata de activos institucionales, sobre los cuales la administración puede disponer como lo hizo", explica el fallo difundido por la institución.