Por unanimidad, la Sala IV condenó a la Municipalidad de Montes de Oca por rechazar que una regidora con discapacidad pudiera sesionar de manera virtual, mientras arreglan el ascensor del edificio que conduce al salón donde se celebra el consejo del municipio.
En el recurso de amparo, la regidora se quejó de que el ascensor del edificio municipal se encuentra fuera de servicio. Para llegar hasta el salón del tercer piso donde sesiona el consejo debía subir las gradas, lo que le representaba un problema pues tiene amputada su pierna izquierda.
Por esa discapacidad la persona utiliza una prótesis y un bastón para caminar. Por ello, presentó una moción para sesionar de forma virtual hasta que se reparara el elevador, pero esta fue rechazada.
Los magistrados concluyeron, en la sentencia N°. 2022017561 del pasado 5 de agosto, que la decisión de las autoridades es reprochable y carece de justificación.
La resolución ordena al alcalde Marcel Soler, y a la presidenta del Concejo Municipal, Daniela Rojas Madrigal, abstenerse de incurrir nuevamente en los actos que dieron mérito para acoger el recurso, con tal de respetar los derechos fundamentales de la personas con discapacidad y su dignidad humana.
Sobre todo, añade la Sala, si se considera la condición de vulnerabilidad de la amparada. Además, los magistrados destacaron “la necesidad de implementar planes de prevención y protocolos de actuación en caso de la avería del ascensor, para garantizar el acceso a las instalaciones del edificio de personas con alguna discapacidad”, según un comunicado del alto tribunal constitucional.