La Sala III desestimó una denuncia interpuesta contra el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, por supuestos nombramientos ilegales y malversación de fondos.
Roger Guevara y Rodolfo Brenes, defensores del mandatario, indicaron mediante un comunicado de prensa que la resolución se emitió a pedido de la Fiscalía General de la República.
En un fallo del pasado 5 de febrero, mediante el voto 000101-2021, el alto tribunal ordenó la desestimación de la denuncia formulada por un abogado de apellidos Barrantes Mora.
La Fiscalía solicitó la desestimación “por considerar que los argumentos expuestos por el denunciante no encuadran dentro de las figuras penales de nombramientos ilegales y malversación de fondos.”
“La solicitud de desestimación fue enviada el 16 de octubre del 2020 por la señora Emilia Navas Aparicio, fiscala general de la República, a la Sala de Casación Penal, quien es la autoridad competente para conocer las causas penales interpuestas a los miembros de los Supremos Poderes”, indicaron los defensores.
La denuncia contra Alvarado fue presentada el 25 de agosto del 2020, e ingresó bajo el expediente 20-000048-0033-PE.
En dicha acusación, Barrantes Mora alegó que el presidente “habría realizado un presunto mal uso de las finanzas públicas, supuestos excesos en nombramientos de forma ilegal, entre funcionarios y asesores para Casa Presidencial y duplicidad en funciones”.
Al respecto, los abogados del gobernante señalaron que la fiscala general indicó que “los hechos denunciados como nombramientos ilegales y malversación de fondos en contra del presidente de la República, Carlos Alvarado, no configuran ningún delito mencionado”.
Debido a lo anterior, aseguraron, Navas solicitó expresamente la desestimación del caso.
Los defensores aseguraron estar complacidos con la decisión de la Sala III, pues alegan que la denuncia contra su cliente era “temeraria, absolutamente infundada y carente de prueba”.
“El presidente de la República tiene la conciencia tranquila. Sabe que no ha cometido falta alguna, y está plenamente dedicado a atender los importantes asuntos que nuestro país demanda, por el bien de todos los costarricenses”, indicaron los abogados.
Por su parte, Rodolfo Brenes precisó que, desde la Sala, no se les ha notificado aún sobre el fallo, pero el sistema de consultas de la Sala III permitió conocer la constancia de votación.
Asimismo, Brenes indicó que “lamentan que algunos recurran al derecho penal como un medio para criminalizar la política, o para dañar honras y reputaciones”.
Actualmente, el jefe de Gobierno afronta otras acusaciones penales, como la relacionada con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), por la cual se le decomisaron aparatos eléctricos en febrero del 2020, durante un allanamiento en Casa Presidencial.
El 28 de febrero del año anterior, la fiscala general recabó información en dispositivos y servidores del Gobierno durante un allanamiento en Zapote con el objetivo de determinar si la UPAD accedió o no a datos confidenciales de los habitantes.
Además, decomisó la computadora y el teléfono personal del mandatario.
En octubre del 2020, los magistrados de la Sala III declararon sin lugar las acciones presentadas por los abogados del presidente en contra de la forma como fueron sustraídos los aparatos digitales personales del mandatario.
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