La Sala III decidió archivar la denuncia interpuesta por el diputado socialcristiano Gerardo Vargas Rojas contra el presidente Luis Guillermo Solís, el ministro de Hacienda Helio Fallas y Olga Marta Sánchez Oviedo, ministra de Planificación Nacional y Política Económica, por la emisión de los decretos ejecutivos que llevaron a la intervención de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur).
La solicitud del Ministerio Público fue acogida de manera unánime por los magistrados que integran la Sala.
El diputado Vargas, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), argumentó que las acciones realizadas para resguardar el fin público que debe cumplir Judesur eran contrarias al bloque de legalidad vigente, por lo que los acusó del delito de prevaricato.
El delito de prevaricato sanciona con cárcel de 3 a 15 años al funcionario que dicte resoluciones contrarias a la ley o las funde en hechos falsos.
Contrario a lo pretendido por Vargas, la Sala Tercera en su resolución N.° 2016-00506 resolvió: "…considera esta Cámara que las actuaciones de los acusados responden a un eficaz ejercicio del deber de probidad que rige la función pública al pretender, mediante la creación de la Junta Interventora de Judesur, un mejor funcionamiento de dicha entidad..."
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, manifestó que el fallo confirma que se actuó en forma responsable y apegado al deber de probidad.
"El Gobierno celebra la decisión tomada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la cual, además de resaltar que se actuó en forma responsable y apegada al deber de probidad, respalda la legalidad de las acciones desplegadas desde el Poder Ejecutivo, con el fin de proteger los cuantiosos recursos de Judesur, que deben estar destinados al desarrollo de la zona sur", aseveró Alfaro.