Rodrigo Chaves, candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), alega desconocer la existencia de una segunda estructura de financiamiento paralelo en la que miles de dólares habrían fluido para financiar gastos de la campaña de los aspirantes a diputado por San José, mediante las cuentas bancarias de una exasistente administrativa de 24 años.
“Ciertamente es un delito electoral que yo no he cometido, yo espero que no, porque a la gente involucrada les causaría problemas. De mi parte tengo toda la paz del mundo”, aseveró Chaves este martes al finalizar su participación en un debate organizado por radio Monumental, en la sede de la Universidad Latina, en Montes de Oca.
Chaves reaccionó de esta forma luego de que La Nación reveló que, mediante las cuentas de Sofía Agüero Salazar, hija del diputado electo Waldo Agüero, pasaron más de $195.000 (unos ¢127 millones) para cubrir gastos electorales como comunicación y material proselitista.
Ella, quien fue asistente del candidato presidencial y coordinó su agenda durante parte del 2021, dijo que el dinero “era para apoyar la campaña de diputados, especialmente de San José”.
Entre octubre del 2021 y febrero del 2022 –ya en plena campaña electoral–, Agüero recibió 18 depósitos en el Banco Nacional (BN) de parte del empresario Jack Loeb Casanova. La joven admitió que, antes de octubre, recibió otros giros bajo este esquema, aunque no recordó la cifra.
El dinero no pasó por las cuentas del partido, como lo establece la ley electoral.
Al respecto, el candidato presidencial aseguró este martes que la información lo “sorprendió tremendamente” y que no tiene el más mínimo dato sobre el asunto. Añadió que comenzaría a solicitar información a sus colaboradores.
“Yo conozco a doña Sofía. Ella trabajó un tiempo llevándome mi agenda y luego se fue a trabajar en la campaña del papá que es diputado electo por San José. Y no tengo la más mínima información de lo que La Nación reporta hoy. Así es que no puedo opinar sobre algo que no conozco”, aseveró.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investiga otra estructura paralela de financiamiento en la campaña de Chaves. Se trata del fideicomiso Costa Rica Próspera, creado por Chaves y por el empresario Jack Loeb en febrero del 2021.
Ese fideicomiso captó recursos de 11 personas físicas, incluido un extranjero, y tres jurídicas, para pagar gastos como publicidad, sede de campaña, planilla y giras, sin dar a conocer al público el origen del dinero antes de la primera ronda del 6 de febrero.
Chaves respondió consultas de los medios de comunicación sobre el tema de Sofía Agüero al finalizar el debate realizado en el auditorio de la Universidad Latina. A continuación, un extracto de las preguntas:
- ¿Conoce si algún gasto de su campaña se financió de esta cuenta?
- No hay una estructura, lo que leí es que hubo un flujo de efectivo de una cuenta a otra y no tengo idea en qué se gastó, no tengo conocimiento.
- ¿Ustedes desconocían ese flujo de efectivo?
- Sí señor.
- ¿Y no tenía idea de en qué se estaba invirtiendo?
- No tenía la menor idea.
- ¿No le preocupa que eso puede llegar a ser un delito electoral?
- Ciertamente es un delito electoral que yo no he cometido; yo espero que no, porque a la gente involucrada les causaría problemas. De mi parte tengo toda la paz del mundo.
- ¿Ya consultó a la estructura del partido para ver si recibió dinero?
- Bueno, es que eso salió en la mañana. Yo he estado preparándome para el debate y estoy aquí. Ahora empezaré a hacer llamadas y a informarme a ver qué ocurrió porque no tengo ni la menor idea.
- ¿Hubo un filtro en la campaña?
- La campaña de Rodrigo Chaves tiene todos los filtros de ley; han funcionado. Nosotros hemos actuado con una transparencia enorme y así vamos a seguir haciéndolo. Entonces, la campaña tiene muchos filtros.
- ¿Cómo ve que una mujer de 24 años que reporta un salario de ¢390.000 pase por sus cuentas personales para financiar la candidatura del diputado?
- Mire. Yo no lo veo, porque no sé qué fue lo que ocurrió. No sé cuánto reporta ella. Es difícil para mí juzgar algo que no conozco.
- ¿Usted contrató a doña Sofía? ¿Le pagaba?
- Ella trabajaba como voluntaria manejándome la agenda. Ella se fue a principios de octubre cuando su papá empezó la campaña más activa”.
¿Qué dice la legislación electoral?
La legislación electoral prohíbe el financiamiento paralelo. Eso significa que, aparte del tesorero partidario o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos en beneficio de un partido.
De hecho, el Código Electoral prevé sanciones para quienes realicen aportes de esta manera y para los dirigentes que reciban aportes “valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”. La sanción va de dos a seis años de prisión a cualquier personero del partido que reciba contribuciones, donaciones o cualquier otro tipo de aporte ilegal. Y el castigo es de dos a cuatro años para la persona que done a un partido por medio de terceras personas.
Todos los gastos electorales deben se tramitados mediante las cuentas partidarias.