La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, solicitó este martes a los diputados de la Comisión de Económicos gravar una mayor cantidad de cooperativas dentro del proyecto de ley para cobrarles impuesto de renta a este tipo de organizaciones.
La jerarca del Gobierno argumentó que el texto actual (expediente 21.017) es insuficiente porque, a lo sumo, permitiría cobrar el tributo a unas 15 cooperativas y solamente se lograrían recaudar ¢6.500 millones anuales.
El proyecto en discusión cobraría un 10% de impuesto a las cooperativas con excedentes entre los ¢250 millones y los ¢750 millones y un 20% a las que generen más de ¢750 millones.
Aquellas cooperativas que generen excedentes de menos de ¢250 millones estarían exentas.
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Rocío Aguilar hizo una comparación entre esa propuesta, que califica de insuficiente, y el planteamiento original del Poder Ejecutivo, que era tratar las cooperativas como las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Además, dijo que hay un tercer camino, aunque no precisamente recomendó que se tomara esa vía. Esa tercera ruta es el tratamiento de las cooperativas con el impuesto sobre la renta clásico, del 30%.
En la propuesta original, de tratarlas como pymes, Rocío Aguilar dice que se podrían recaudar hasta ¢12.500 millones, mientras que cobrarles la renta común significaría mucho más dinero, hasta ¢19.000 millones.
No obstante, la ministra apuntó que ella sí está de acuerdo en que se les mantenga una especie de tratamiento diferenciado a las asociaciones cooperativas, pero no que queden del todo exentas ni libres de pagar impuestos.
“Si efectivamente estamos hablando del concepto de solidaridad y contribución, no se logra en absoluto con esta propuesta”, comentó Aguilar.
“La recomendación es regresar a una cifra más parecida a la propuesta original, con independencia de que se llame impuesto sobre utilidades o sobre excedentes.
“Finalmente, se trata de que todos podamos aportar una contribución a través de los impuestos, porque todos recibimos las inversiones del Estado en educación, salud, infraestructura, seguridad. Todos tenemos la posibilidad de disfrutar de esto”, dijo la jerarca de Hacienda.
Según los datos que aportó Hacienda, hay 2.117 cooperativas inscritas en el Registro Nacional, pero el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) solo contabiliza 757.
Casi la mitad, dijo Rocío Aguilar, presenta cero excedentes. Hay cooperativas en prácticamente todos los sectores de la economía, apuntó.
Aunque por el momento los diputados se centraron en hacerle preguntas a Hacienda sobre el proyecto, Daniel Ulate, de Liberación Nacional, y Luis Ramón Carranza, de Acción Ciudadana, dejaron ver que no están realmente muy de acuerdo en que se graven las cooperativas.
En particular, Carranza apuntó que no le parece justo que se les cobre impuestos a estas asociaciones y que las empresas en régimen de zona franca mantengan los beneficios fiscales que hoy tienen.
Ante consulta de Ulate, la ministra negó que se les trate de dar a las cooperativas tratamiento como sociedad anónima, o como empresa en el sentido clásico.
También negó que se ponga en duda el aporte de las cooperativas a la economía costarricense.
Precisamente por ello, enfatizó en que han tenido esas asociaciones condiciones beneficiosas, mientras el Estado les sigue proveyendo de una plataforma de infraestructura, educación y salud que esas mismas empresas cooperativas gozan.
“El concepto aquí es de solidaridad, que todas las empresas contribuyan por igual. Yo no pretendo un tratamiento igual a las demás sociedades anónimas, coincido con el tratamiento diferenciado”, comentó.