El Ministerio de Hacienda planea poner sobre la mesa de discusión una propuesta para fundir varias de las 330 instituciones que conforman el Gobierno en la actualidad.
Según la titular de la cartera, Rocío Aguilar, de aquí al 2020 tomaría forma un análisis sobre las instituciones adscritas a los ministerios y el perjuicio presupuestario y legal que le provocan al funcionamiento del Gobierno.
Aguilar no detalló si la preocupación se planteará a manera de proyecto de ley para que lo debata el Parlamento, pero sí hablo acerca de la necesidad de unificar o fusionar entidades.
En el plano presupuestario, según Aguilar, el perjuicio que provoca la existencia de tantas entidades se genera porque los planes de gastos de muchas de ellas no están sujetos a revisión en la Asamblea Legislativa, por lo que se pierde el control sobre las erogaciones, afirmó sin citar ejemplos.
Y con respecto al ámbito legal, la jerarca manifestó que muchas de esas entidades cuentan con sus propios regímenes al margen del Gobierno Central, lo que fomenta el archipiélago de instituciones sin mayor conexión y coordinación entre ellas.
"Es un tema crítico el del diseño institucional conformado por 330 instituciones. En un 30% de ellas se concentra el 80% del gasto y este es un asunto que se ha tocado por años", dijo en tono de alarma la ministra.
Y agregó: "El país no ha querido hacer un cambio y pareciera imposible plantear proyectos, no para cerrar, sino para fusionar instituciones. Ya la cuerda no da", recalcó.
Durante el foro sobre sostenibilidad fiscal, que organizó este jueves la Comisión Especial que discute la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el Congreso, se planteó la necesidad de que el Gobierno revise su conformación.
El experto en materia fiscal, Alberto Barreix, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), criticó el tamaño del Gobierno costarricense.
Barreix, de origen uruguayo, dijo que él consideraba fuera de lo normal que en su país existieran más de 150 instituciones públicas, cifra que creía de las más elevadas del mundo, hasta que conoció el caso costarricense.
Durante el foro se trató la necesidad de recortar el gasto a la par de incrementar los ingresos, para que el Gobierno Central cierre la brecha entre sus ingresos y sus gastos, que a diciembre pasado fue equivalente a un 6,2% del producto interno bruto (PIB), es decir, más de ¢2 billones.
Durante el periodo constitucional 2014-2018, el entonces diputado de Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, propuso un proyecto de ley para cerrar el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), el Instituto Nacioanal de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
En lugar de todas esas entidades, Solís propuso crear el Ministerio de Asistencia Social (MAS) con el objetivo de disminuir la burocracia del sector social, unificar funciones, redefinir la rectoría del sector, ahorrar recursos y mejorar el combate a la pobreza.
Empero, la propuesta todavía no ha avanzado en su trámite legislativo.
Solís también presentó a la corriente legislativa una propuesta para fundir en una sola a todas superintendencias: de Entidades Financieras (Sugef), de Pensiones (Supen), de Seguros (Sugese) y de Valores (Sugeval).
Su propuesta es que todos esos mercados sean supervisados por una única entidad, la Superintendencia de Mercados Financieros (Sumef), con el consecuente ahorro en salarios y en burocracia. Como en el caso anterior, el avance de dicho proyecto no ha sido sustancial.