El Partido Renovación Costarricense pretende que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le reembolse, con fondos públicos, una deuda de casi ¢4 millones que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) lo obligó a cancelar.
Se trata de un cobro por incumplimiento de cuotas obrero-patronales, originado por una denuncia del propio TSE.
La agrupación le pasó la factura al Tribunal en la liquidación de gastos del primer trimestre 2015, mediante la cual los partidos pueden acceder a fondos de la deuda política para cubrir sus costos de operación.
No obstante, el TSE evalúa si procede restituir ese monto.
La suma adeudada se originó en cuotas que el partido no pagó correspondientes a una colaboradora que trabajó para la agrupación evangélica durante 19 meses, entre el 2011 y el 2012.
La CCSS exigió de Renovación el pago de ¢3,9 millones –de los cuales ¢719.000 corresponden a intereses moratorios– por “el incumplimiento del patrono respecto al no oportuno aseguramiento obligatorio”.
La institución concluyó, el pasado 14 de noviembre, que los servicios que ofrecía una periodista, de apellidos Cárdenas Bolaños, no eran de una profesional independiente, sino que existía una relación contractual, pues a ella se le pagaba cada 15 días y no tenía otro patrono.
El presidente del Partido, Justo Orozco, no ejerció ninguna apelación a la medida de la Caja.
Estudia desembolso. El cobro de la CCSS surgió tras una denuncia del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, el 13 de febrero del 2013.
En la actualidad, esa dependencia analiza si debe reembolsar a Renovación Costarricense el dinero que ya le giró a la Caja.
El director del Departamento, Ronald Chacón, dijo que no podía referirse a la situación “para no adelantar criterio”, dado que la recomendación que haga su oficina primero debe ser ratificada por los magistrados electorales.
La tesorera del Partido, Mavis Calderón, aseguró que no hay razón para que el TSE cuestione ese cobro, ya que se trata de “cargas sociales comunes y corrientes”.
Añadió que la agrupación desconocía que la CCSS estuviera investigando la contratación de la periodista y que ahora será el Tribunal el que debe determinar si el cobro es o no válido.
“Nosotros tenemos que pasar completos todos los documentos que nos dio la CCSS; no podemos decir esto sí y esto no. Pasamos todo y el Tribunal determina qué se paga y qué no, qué está bien y qué no. Entonces les toca a ellos”, expresó Calderón.