Francisco Calí Tzay, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos de los pueblos indígenas, declaró este viernes que no se puede permitir que las autoridades políticas en Costa Rica vean a la mujer “como mercancía, como objeto de intercambio de favores políticos”.
Su declaración se produjo en respuesta a una consulta sobre la conversación entre el alcalde de Matina, el socialcristiano Wálter Céspedes, y el gerente de la constructora MECO, Abel González, en la que el primero le dijo al segundo que le tenía “una indígena” cuando visitara Limón.
El diálogo está contenido en el expediente de la investigación sobre supuesta corrupción en la contratación de obras municipalidades, denominado Caso Diamante.
El alto funcionario de la ONU enfatizó que se le informó del asunto en varias de las reuniones que sostuvo durante los últimos 12 días en el país, principalmente con organizaciones de mujeres.
“La mejor prueba es la grabación que se tiene y que los aplicadores de justicia puedan llevar adelante una investigación. (...) Es un caso que está dentro de los documentos que llevo y los testimonios que me dieron personas, que piden persecución penal”, dijo el relator especial de la ONU.
Calí agregó que se trata de un caso que está en el terreno de la investigación judicial.
Lo dicho por el alcalde de Matina está en una conversación telefónica, con fecha 24 de junio del 2020, donde Céspedes invita a González a ir a Limón y le dice: “Yo guaro no le tengo, pero le tengo una indígena”.
Céspedes adujo que la frase se pudo haber malinterpretado. Además, el partido del que forma parte el alcalde y con el que fue diputado entre el 2010 y el 2014, la Unidad Social Cristiana (PUSC), lo separó de la agrupación y de la campaña presidencial de Lineth Saborío.
Costa Rica incumple devolución de tierras a indígenas
En su informe especial sobre la situación de los pueblos indígenas, el experto guatemalteco del pueblo maya kaqchikel determinó que Costa Rica incumple la legislación nacional e internacional que obliga al Estado a devolver las tierras indígenas a los pueblos originarios.
De igual manera, señaló que existen agresiones hacia estos pueblos, además de discriminación y racismo, pero en particular lamenta la impunidad frente al asesinato de los líderes indígenas Sergio Rojas, en el 2019, y Jehry Rivera, en el 2020.
Francisco Calí Tzay hizo un llamado al Estado costarricense, en particular al Poder Judicial, para que se proteja a las personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas, mientras que a la Asamblea Legislativa le enfatizó la necesidad de aprobar legislación que reconozca sus derechos y permita una efectiva devolución de las tierras a sus pobladores originarios.
El relator cuestionó la falta de representación en el Congreso de personas indígenas, así como su ausencia en las magistraturas del Poder Judicial.
“Es urgente el establecimiento de un mecanismo efectivo y culturalmente relevante para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, tal y como recomiendan los mecanismos de derechos humanos”, reclamó el funcionario de la ONU.
Aunque Calí celebró la modificación, en el 2015, del artículo constitucional para declarar a Costa Rica un estado multiétnico y pluricultural, agregó que la Constitución Política también debe reconocer la existencia de los pueblos indígenas costarricenses y, sobre todo, sus derechos.
“Estoy muy preocupado por la información recibida sobre la presencia de racismo estructural y discriminación racial contra los pueblos indígenas, que obstaculiza el disfrute de los derechos colectivos e individuales, especialmente para las mujeres indígenas, los niños y niñas, los y las adolescentes y las personas con discapacidad”, criticó Francisco Calí.
Sobre ese aspecto, destacó la falta de acceso a la justicia y los mecanismos de reparación por parte del Estado costarricense, por 40 años de incumplimiento de Costa Rica sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Por ejemplo, Calí Tzay hizo referencia a discriminación y vejaciones denunciadas por pobladores indígenas del cantón puntarenense de Buenos Aires de parte de autoridades judiciales de la zona.
“Por último, quiero destacar el papel fundamental y el extraordinario liderazgo de las mujeres indígenas. Después de reunirme con varias líderesas y organizaciones de mujeres indígenas, me siento esperanzado por el futuro de Costa Rica, dada la claridad de las propuestas aportadas que ayudarían a construir un verdadero estado pluricultural”, enfatizó el relator de Naciones Unidas.
Calí detalló que el mecanismo para devolución de tierras iniciado por el gobierno en el 2016 no ha funcionado como debería y reconoció que, durante el 2021, ha bajado la violencia contra estos pueblos y sus defensores, pero no se ha erradicado, con episodios de violencia física.
También, destacó la voluntad de muchos pobladores no indígenas de los territorios que corresponden a los pueblos originarios, en los casos en que han aceptado la indemnización por la devolución de los terrenos.
El informe del relator especial sobre derechos de los pueblos indígenas se presentará, en setiembre del próximo año, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.