Violación a comunicaciones, espionaje político. Transgresión a la división de poderes. Todas son acciones probables, según la Defensoría de los Habitantes, si los diputados aprueban el proyecto que reforma la Dirección Nacional de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Montserrat Solano, la defensora de los Habitantes, expresó que la propuesta violenta derechos humanos.
Entre estos, mencionó con especial preocupación el monitoreo del espectro electromagnético de frecuencia abierta, por incluir las comunicaciones que efectúan los ciudadanos a través de sus teléfonos celulares.
“En el proyecto se dice que ese monitoreo no constituye la interceptación ni la violación de comunicaciones. Eso es como decir que camina como pato, tiene plumas y pico de pato, pero no le vamos a llamar pato. Y, en un Estado democrático, esta potestad la debe controlar un juez”, estimó.
El proyecto transformaría la DIS en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN).
Mariano Figueres, actual director de la DIS, afirmó que el proyecto de ley haría que la agencia de inteligencia pierda sus características de policía política.
Figueres desmintió la posibilidad de que la DIEN vaya a quedar facultada para intervenir las comunicaciones normales que entablan los ciudadanos y dijo que su potestad se limitará a escudriñar la frecuencia marina.
“Las escuchas se seguirán dando de acuerdo con la ley, y la ley es que tiene que ser autorizado por juez, dentro de un proceso judicial y realizado por un juez de escucha”, recalcó.
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Alertas. Pero la jerarca del Ombudsman opina distinto. Ella cree que la iniciativa no despeja las nebulosas que hoy rodean las operaciones de la DIS.
Entre sus múltiples dudas sobre el plan que impulsa el Ejecutivo, Solano mencionó que va en contra del derecho humano de acceso a la información.
Esto, porque prevé que las investigaciones de la DIEN serán confidenciales durante 20 años en los que solo el presidente conocerá sus pormenores.
Según la defensora, el plazo de confidencialidad debería ser, como en otros países, con temporalidad escalonada empezando en cinco años después de los cuales un juez, y no el gobernante, sería quien apruebe extender el tiempo o liberar la información.
Sobre este punto el jefe de la DIS dijo que se dispuso la confidencialidad de hasta 20 años porque garantiza que no se dañará la honra de las personas investigadas en caso de que las pesquisas, al final, terminen en nada.
La defensora pidió a los diputados de la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico que la convoquen para expresarles las dudas de su institución sobre la propuesta de la DIEN. El temor de Solano es que esa oficina se convierta en un ente “todopoderoso” en las operaciones del Estado.
Dijo que al mirar los objetivos de la DIEN se identifica que estos se confunden con sus actividades, alimentando un extenso catálogo según el cual la entidad podría hacer casi cualquier cosa.
No rotundo. Solano pidió a los diputados que saquen a la Defensoría de la Comisión de Fiscalización del Servicio de Inteligencia y Estrategia Nacional.
De aprobarse el plan, ese órgano tendrá como función analizar la ejecución del Plan Quinquenal de la Inteligencia Estatal y emitir recomendaciones al presidente.
Además de la defensora, el plan establece que la Comisión la integrarían los ministros de la Presidencia y el de Seguridad, el diputado que presida el panel de Seguridad y Narcotráfico y el director de la DIEN.
Pero Solano opina que meter a la Defensoría en ese panel sería desnaturalizarla, porque al ser un órgano de control independiente, no puede meterse en el ámbito interno de ninguna institución y porque no posee personal ni presupuesto para hacerles frente a funciones forenses.
Y al no tener acceso a las investigaciones que curse la DIEN, Solano opinó que no habría ninguna capacidad fiscalizadora.
“Señalamos que no estábamos de acuerdo y no solo no nos sacaron, sino que reformaron sin consultarnos la Ley de la Defensoría para convertirnos en un órgano de control interno, lo cual nos desnaturaliza”, denunció.