Los recortes hechos por el Gobierno al Presupuesto del Poder Judicial para el 2023 impedirían realizar los allanamientos en los procesos de investigación sobre narcotráfico, corrupción y crimen organizado.
Así lo advirtió este miércoles el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, durante una audiencia ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. En ese foro, alertó que el golpe más fuerte se lo llevarán el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Según dijo, a manera de ejemplo, el Gobierno recortó la partida para pago de tiempo extraordinario en casi ¢100 millones, lo que restringe la posibilidad de dedicar personal a procesos de investigación o extender los juicios más allá del horario laboral, como suele suceder.
En la misma línea, Aguirre declaró que la reducción de viáticos para operativos impediría movilizar recurso humano a otras regiones, tal como sucedió en grandes allanamientos como el de la presunta banda de narcotráfico que operaba en Corredores.
De hecho, el director del OIJ, Wálter Espinoza, enfatizó que no habrá recursos para cambiar los chalecos antibalas de la Policía Judicial y que, al cortarse la partida de gastos confidenciales, no se podrá pagar informantes ni realizar acciones de investigación en temáticas como pornografía infantil, proxenetismo y otros de criminalidad compleja.
“No habríamos podido realizar los 7.000 operativos que hemos hecho este año, ni los 150 casos que investigamos sobre crimen organizado. No habríamos podido tener presencia hoy en Corredores, donde hicimos un allanamiento masivo, ni en la zona norte, Cartago, Heredia, San José, donde el OIJ ha estado presente”, enfatizó Espinoza.
Adicionalmente, Espinoza enfatizó que el recorte afecta la posibilidad de efectuar necropsias a animales que sufren de maltrato animal.
El fiscal general a. í., Warner Molina, declaró que el recorte en pago de alquileres les impediría operar fiscalías tan importantes como las de Desamparados, Hatillo, Pavas y Siquirres, por lo que la afectación de los recortes del Gobierno es para los usuarios. “¿Dónde van a ir a denundiar?”, dijo.
Molina añadió que las reducciones para alquileres y horas extra los deja prácticamente en un cierre técnico, además de otras partidas tan básicas como el mantenimiento de vehículos y la compra de tinta para impresoras.
“El recorte es tan crítico que prácticamente nos pone en cierre técnico”, dijo.
El recorte aplicado por el Ministerio de Hacienda al Poder Judicial para el 2023 es de ¢7.838 millones. La Corte lamentó que el ajuste se hiciera “sin considerar ningún análisis criterio técnico de las partidas afectadas, ni consulta alguna a la institución”.
Además de las afectaciones en horas extra y viáticos, las autoridades judiciales advirtieron una importante afectación para el pago de pólizas de riesgo para el personal del OIJ, y para todo el Poder Judicial.
“No hay posibilidad objetiva, ni medio razonable que permita que, a partir de enero del 2023, el OIJ pueda manifestarse y seguir ejecutando estas acciones con los otros órganos del Poder Judicial”, apuntó el director de la policía judicial.
TSE: Es un presupuesto austero
La presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, manifestó que su entidad presentó una propuesta de presupuesto austero, ajustado a todos los lineamientos que estableció el Poder Ejecutivo, “inclusive el recorte de última hora que sufrimos todas las instituciones”.
Zamora manifestó que están satisfechos con la propuesta y mantienen la esperanza de que así se apruebe en el Congreso, aunque reconoció que se podrían afectar algunos pagos de servicios, suministro de materiales y pago de contratos.
El plan de gastos del órgano electoral incluye una partida de ¢16.190 millones para los gastos ordinarios, ¢33.114 millones para el programa de organización de elecciones y ¢8.681 millones de la contribución estatal a los partidos políticos, en total ¢57.986 millones.
Entre lo presupuestado se encuentra, precisamente, el dinero para la organización de las elecciones municipales de febrero del 2024.
Hacienda le había pedido al TSE que se sujetara a un presupuesto por debajo de los ¢60.143 millones.