Sin discusión por el fondo, con cinco votos a favor y tres en contra, la Comisión Legislativa de Asuntos Jurídicos dictaminó negativamente el proyecto de Gobierno que plantea eliminar las tarifas mínimas fijadas por los colegios profesionales para el cobro de honorarios de sus agremiados.
El proyecto prohibiría a los colegios profesionales establecer tarifas u honorarios obligatorios por los servicios que prestan quienes ejercen profesiones liberales.
Además, incluía a los servicios profesionales de estas profesiones en la regulación de precios que la Administración Pública puede hacer sobrebienes y servicios en situaciones de emergencia.
Aunque una mayoría de diputados de la comisión rechazó el texto, el expediente pasa al plenario con un informe negativo de mayoría y otro afirmativo de minoría.
Rechazaron eliminar las tarifas los diputados Francisco Nicolás, Danny Vargas y Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN); Rocío Alfaro, del Frente Amplio; y Yonder Salas, del Partido Nueva República (PNR).
A favor votaron Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP); Manuel Morales y Jorge Rojas, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Previo a votar por el fondo, los diputados de la comisión aprobaron suspender las convocatorias de audiencias que tenía pendiente el expediente, entre estas la del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
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En el 2022, el presidente Rodrigo Chaves firmó una serie de decretos para derogar las tarifas mínimas que estaban establecidas por decreto ejecutivo y, posteriormente, presentó este proyecto para eliminar incluso las que están fijadas por ley, como las de Colegios de Médicos y Cirujanos, Ingenieros Agrónomos, Cirujanos Dentistas y Psicólogos.
Entre las derogadas, estaban las abogados, contadores públicos, notarios, ingenieros, arquitectos, ingenieros químicos, terapeutas físicos, geólogos, microbiólogos, químicos clínicos, biólogos, físicos y nutricionistas.
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Sin embargo, mediante medidas cautelares, el Tribunal Contencioso Administrativa suspendió los decretos relacionados con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y Colegio de Terapeutas de Costa Rica.
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El diputado Nicolás se había manifestado en contra del proyecto de ley, semanas atrás, alegando que liberar tarifas empujaría a los gremios a competir a muerte entre sí sin dar una garantía mínima de calidad del servicio.
“La ruta para beneficiar al consumidor final está en una verdadera regulación de esas tarifas mínimas, para que sea la plataforma de despegue con la cual el consumidor empieza a hablar con el profesional”, señaló el legislador.
Alejandra Larios, en tanto, descartó que la fijación de una tarifa mínima reste calidad a los servicios y que afecte la competencia.
“Los clientes siempre tienen la posibilidad de escoger al profesional que deseen. No es que se le impone a un profesional. Y de acuerdo con la calidad del servicio de ese profesional, el cliente decide a quien elije. Además, son tarifas mínimas y se puede cobrar más que eso”, refutó Larios, en una sesión del foro de finales de enero.
En esa oportunidad, la comisionada presidenta de la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), Viviana Blanco Barboza, sostuvo en la comisión que las tarifas mínimas impactan la economía y la competitividad del país.
Si los honorarios mínimos de los profesionales son elevados, se encarecen los costos de los servicios y otros bienes, lo que perjudica las inversiones, dijo. Además, una fijación mínima genera desincentivo para prestar servicios de calidad, expuso en la comisión.
Explicó que un estudio de la Coprocom, del año 2022, recomendó eliminar ese piso, así como determinar los fines públicos que atenderán los colegios profesionales. Añadió que estos deben centrarse en el beneficio del consumidor y no en los agremiados.
Dijo que el estudio encontró que no existe uniformidad en las diferentes metodologías de los colegios para definir las tarifas, además de carecer de sustento técnico.
Añadió que esa falta de metodologías estandarizadas hace que cada colegio tenga sus mecanismos propios. Algunas veces la incrementan los precios mínimos usando como referencia el costo de la vida o los salarios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo.
“La disciplina de la competencia económica señala que (las tarifas mínimas) pueden ser perjudiciales, porque limitan autonomía de los profesionales. O sea, no pueden competir por debajo de tarifa establecida.
“Los economistas sabemos que los precios son indicadores del mercado, indicadores de la oferta. También, sirven de orientación para calidad. Además, si una tarifa se fija muy alta generará exceso de oferta en el mercado, muchos van a querer ofrecer servicios profesionales con tarifa alta y los usuarios no van a pode acceder al servicio. Se queda una cantidad de demanda desatendida”, señaló Blanco.