Las fracciones de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN) insistirán, en el plenario, en frenar el gasto del Gobierno en alquileres y consultorías en el Presupuesto Nacional del 2021.
Sobre alquileres, partiendo de que el Presupuesto asigna ¢61.140 millones al alquiler de edificios locales y terrenos, los legisladores obligarían al Gobierno a renegociar a la baja todos los contratos por renovar, para obtener una reducción del 40% en el costo.
En cuanto a los contratos que no venzan durante el 2021, pretenden que el Ejecutivo renegocie los contratos vigentes procurando una reducción de al menos un 20% del monto vigente del contrato.
En cuanto a consultorías, se prevén casi ¢43.900 millones para contrataciones de servicios médicos, jurídicos, ingenieriles, económicos, sociales, informáticos y de gestión y apoyo.
En ese caso, los diputados quieren prohibir a todas las instituciones cubiertas por el Presupuesto suscribir nuevos contratos de asesorías o consultorías de cualquier tipo, o renovar los que se vencen durante el año.
“Esta prohibición incluye la suscripción de todo tipo de adendas a contratos vigentes, cuando impliquen un incremento en el monto del contrato. No se justifica que se tenga una planilla pública grande y cara llena de garantías y pluses, por un lado, al tiempo que se pagan sumas exageradas por estos servicios profesionales”, dice la moción de la Unidad.
El PLN y el PUSC impulsarán normas de ejecución presupuestaria en ese sentido mediante la presentación de mociones, una vez que los diputados abran el plenario a comisión para ajustar el plan de gastos del 2021 la próxima semana.
Ese es el único mecanismo que tienen a mano y que resulta viable políticamente, luego de que se acoja el informe negativo de oposición, emitido por la Comisión de Asuntos Hacendarios, el cual recomienda archivar el Presupuesto Nacional.
Como el Congreso no tiene la opción real de que el Gobierno se quede sin presupuesto, la presidencia legislativa emitirá una resolución para poner a discusión el texto base presentado por el Ejecutivo.
En ese momento, liberacionistas y socialcristianos pondrán sobre la mesa mociones que se habían aprobadas en Hacendarios, antes de que se emitiera el dictamen negativo.
El martes pasado, los jefes de fracción de Liberación, la Unidad, Restauración Nacional y el Partido Acción Ciudadana (PAC) se reunieron con el ministro de Hacienda, Elian Villegas, para definir las mociones de recorte que se pondrán a discusión y votación en el plenario.
Luego de esa cita, el jefe del PUSC, Rodolfo Peña, respondió que insistirán en que se “incorporen nuestras normas de ejecución presupuestaria para alquileres de edificios y contratación de consultorías”.
“Es necesario introducir una serie de rebajas, como fue nuestra intención desde el trámite del Presupuesto en Hacendarios”, dijo Peña.
El socialcristiano añadió que lo que procede es consolidar acuerdos para abrir el plenario y recortar como se debe, en los rubros en que coincida la mayoría.
De igual forma, la presidenta de Hacendarios, la liberacionista Silvia Hernández, manifestó que presentará las mociones que había promovido antes, en el foro hacendario, para delimitar las posibilidades de gastos e inversión del Poder Ejecutivo.
A una semana de que inició la discusión del Presupuesto Nacional en el plenario legislativo, oficialmente no hubo ningún avance.
Durante las sesiones de lunes 2, martes 3 y jueves 5 de noviembre, el plenario dedicó poco menos de dos horas a discursos de crítica a la propuesta gubernamental y a las acciones contradictorias de la bancada del PAC respecto a la propuesta de recortes de la Presidencia de la República.
El jefe oficialista, Enrique Sánchez, comentó que aún quedan varios diputados en lista y se espera, para la próxima semana, terminar con esa discusión y aprobar el dictamen negativo, según el interés que manifestaron las fracciones.
Como está por agotarse el periodo de sesiones ordinarias, en que los diputados tienen el control de su agenda, quieren tener a mano dos semanas para avanzar varios proyectos, antes de que la agenda parlamentaria quede totalmente a disposición del Gobierno, el 1.º de diciembre.
“Estamos en la etapa de construir los mayores acuerdos posibles para una moción o mociones de recorte y, en dado caso de que se presenten muchísimas, por lo menos ver esas de primero para que el Presupuesto quede aprobado con esas rebajas antes de que se termine el plazo”, apuntó Sánchez.
En cuanto a las propuestas del PLN y la Unidad para incluir las normas de ejecución, aseguró que el PAC no tiene ningún problema y solo habría que hacer algunos ajustes.
“Había diferencias en algunas, por ejemplo si el alquileres se ponía la obligación de reducir un 30%, pero qué pasa si solo se logra un 20% o si se llega a un 40%”, explicó el vocero.
El presupuesto debe estar aprobado, de forma definitiva, a más tardar el 30 de noviembre, tal como lo establecen el Reglamento de la Asamblea Legislativa y la Constitución Política.