Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) afirman que los ¢500.000 millones que pide el Poder Ejecutivo en su plan fiscal se podrían obtener de los excedentes “ociosos” de las instituciones descentralizadas del Estado.
El socialcristiano Luis Fishman aseguró ayer, junto con sus compañeros de bancada, que las instituciones descentralizadas no gastaron ¢2 billones (millones de millones) en el 2010, y presentó un plan de ley para transferir estos recursos al Ministerio de Hacienda.
“Esto es cuatro veces la suma que pide el Gobierno en su proyecto de reforma fiscal”, dijo Fishman, apoyado en datos de la Contraloría General de la República.
Fishman indicó que solicitaron una audiencia con la presidenta de la República, Laura Chinchilla, para exponerle su propuesta.
Agregó que el superávit (presupuesto no ejecutado) de las instituciones del Estado es suficiente para darle al Ministerio de Hacienda los recursos que pide, pues por ahora son recursos “ociosos” que ayudan a la salud fiscal del país.
Ejemplos de estas instituciones son el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), por mencionar algunos.
El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, dijo anoche que revisará la propuesta, aunque advirtió que no tocarían recursos de instituciones como el ICE, el INS y los bancos del Estado, pues están “en competencia y se debe guardar su patrimonio”, agregó.
El ministro Herrero consideró pertinente revisar los rubros facilitados por la Contraloría General de la República y dijo estar anuente a revisar la propuesta del PUSC.
El presidente del INS, Guillermo Constenla, explicó anoche que el Instituto puede retener su superávit (que solo en el 2010 llegó a ¢536.000 millones), con el fin de enfrentar la apertura del mercado de seguros y que así lo dispone una reforma legal aprobada en el 2008.
A partir del 2014 el INS podrá girar el 25% de sus ganancias a las arcas del Estado, señaló Constenla.
Despilfarro. Fishman comentó que también se pueden captar recursos de gastos que consideró “superfluos”, y que se “despilfarran” dentro de las instituciones públicas, sin que se tomen medidas de contención de esos gastos.
Al respecto, criticó gastos por ¢1.218 millones del INS para “información”, presupuestados para el 2011. En este mismo rubro señaló el presupuesto de ¢596 millones que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados planea gastar también.
“En un país pobre no se puede dar esto”, concluyó Fishman.