El proyecto de ley para regular las tasas de usura recibió luz verde, para continuar a segundo debate y firma del presidente Carlos Alvarado, luego de superar la consulta de constitucionalidad planteada por 11 diputados en la Sala IV sobre el plan.

Los magistrados resolvieron, este miércoles, que no encontraron vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de ley que les pondría límites a las tasas de interés de los préstamos de dinero.

La propuesta legal, aprobada en primer debate por 50 legisladores el 27 de abril, establece una fórmula según la cual las tasas de interés de los créditos en colones no pueden exceder el 39%, mientras que las de los préstamos en dólares, el 31,35%, incluyendo las tarjetas de crédito.

En tanto, para los microcréditos, calificados como los inferiores a ¢675.000, el tope a las tasas sería de 55% en colones y 45,66% en dólares.

El proyecto de ley hace aplicable el tipo penal de la usura, pues cobrar tasas de intereses que excedan los límites fijados por la legislación será considerado delito.

A quienes irrespeten la ley, se les aplicará hasta dos años de cárcel y, si la usura se comete en perjuicio de consumidores y usuarios, la pena será del doble.

En la sentencia 2020-10160, los magistrados establecieron que ninguno de los puntos consultados por 11 diputados tenía vicios y aclararon que ese pronunciamiento se da “única y exclusivamente” sobre los aspectos planteados en la consulta.

“Los artículos no consultados no pasaron por el tamiz de la Sala Constitucional, no fueron analizados”, explicó el tribunal constitucional.

Los magistrados comunicaron que, en consecuencia, es incorrecto decir que ese tribunal “avala, da visto bueno o autoriza” el proyecto de ley.

La consulta llegó a la Sala Constitucional el 30 de abril, antes de que se votara el plan en segundo debate, y llevaba la firma de los independientes Erick Rodríguez e Ivonne Acuña, los socialcristianos María Inés Solís, Pedro Muñoz, Erwen Masís y Óscar Cascante, los republicanos Otto Roberto Vargas y Dragos Dolanescu, así como los fabricistas Jonathan Prendas e Ignacio Alpízar.

Originalmente habían apoyado la consulta Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), pero luego retiraron la firma y, en su lugar, entró la de Cascante.

El presidente de la Sala Constitucional, el magistrado Fernando Castillo, enfatizó que el tribunal no se pronuncia sobre los aspectos de oportunidad ni conveniencia de los proyectos de ley, pues sentenció que esa es “materia reservada al legislador”.

Aparte de Castillo, conformaron la Sala para responder esa consulta Paul Rueda, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya y Anamari Garro, junto con Nancy Hernández, como instructora del asunto. En lugar de Fernando Cruz, participó José Paulino Hernández.

¿Qué consultaron los diputados?

Según los promotores de la consulta, el proyecto viola el principio constitucional de razonabilidad técnica, pues alegaron que el Estado solo puede interferir en el funcionamiento económico de la sociedad de manera excepcional y temporalmente.

Esa supuesta violación se daba, según Rodríguez y compañía, en el artículo 36 bis y alega que la fijación de las tasas debería hacerse de acuerdo a “criterios estrictamente técnicos” y que esos criterios, eventualmente, aconsejarían no fijar topes.

También, los 10 firmantes alegaron que el proyecto viola la libertad de contratación, porque adujeron que “interfiere en la libertad que tienen las partes para determinar el precio de los bienes y servicios, entre ellos las tasas de interés".

Por otra parte, en el texto de la consulta, los diputados plantean que se viola el principio constitucional de la proporcionalidad, también en el artículo 36 bis, porque alegaron que la norma para fijar el tope no es “necesaria, idónea ni proporcional”.

“La norma no es idónea porque parte de supuestos fácticos errados: primero, que el control de las tasas evitaría el sobreendeudamiento; (...) tampoco es cierto que las tarjetas sean la principal forma de financiamiento”, dice la consulta.

Además, los firmantes alegaron que el plan “viola el principio de igualdad ante la ley”, pues que hay que distinguir entre la actividad financiera del microcrédito, las tarjetas de crédito y las operaciones garantizadas mediante hipoteca o prenda.

“Lo que para una actividad crediticia puede ser una tasa ‘alta’, para otra puede ser sumamente baja”, dice el texto consultado.

Como quinto punto de su consulta, los legisladores arguyeron que el proyecto sobre usura viola el principio de seguridad jurídica, “necesario para que los ciudadanos sepan, en todo momento, a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y los demás particulares”.

“La mescolanza de criterios para definir las tasas máximas de interés es un verdadero galimatías, muy difícil de entender incluso para expertos financieros. La norma consultada viola el principio de seguridad jurídica por ser confusa y difícil de entender para el ciudadano común”, se lee en la página 29 de la consulta constitucional.

De seguido, planteó que había en el proyecto una violación de la libertad de comercio, pues Erick Rodríguez y demás firmantes alegaron que “la fijación de precios de la economía no puede hacerse por ley, salvo situaciones de emergencia y de forma temporal”.

Asimismo, la consulta señaló una supuesta violación de la libertad de elección de los consumidores, igualmente por fijar los topes de las tasas de interés, y el principio de tipicidad penal.

En este último caso, el alegato es que los tipos penales deben estar estructurados por una conducta y una consecuencia, de modo que “no es posible crear tipos penales paralelos y repetitivos de los ya existentes, con penas iguales o mayores”.

En ese sentido, la consulta alegó que, tal como está planteado el proyecto, no es posible “conocer con certeza cuál podría ser la tasa máxima para los créditos” y que el proyecto “viene a crear política criminal”, por ponerle número a la tasa de usura.