La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió de que un proyecto de ley presentado por el Partido Liberal Progresista (PLP), para regular el servicio de empresas como Uber y DiDi, generaría ventajas para estas empresas por encima de los taxis y autobuses, lo que podría provocar reclamos ante la Sala Constitucional.
De acuerdo con el abogado del Estado, la iniciativa provocaría “una total desregulación” del servicio de transporte mediante plataformas tecnológicas, mientras que los concesionarios de transporte público tendrían que seguir cumpliendo los requisitos fijados en las leyes vigentes.
La PGR considera que dicha situación podría generar una discusión ante la Sala Constitucional, para definir si esa diferencia de trato se justifica o no.
El diputado del PLP, Gilberto Campos, quien lidera la propuesta, aseguró que aún deben estudiar el criterio de la Procuraduría. Sin embargo, preliminarmente, estimó que se demuestra la existencia de una diferencia sustancial entre la forma en que opera el Estado y las nuevas tendencias que requieren la economía mundial y las personas.
“Este es un excelente ejemplo de cómo es necesario adaptar el sistema jurídico del país”, indicó.
Dudas sobre ARESEP y CCSS
Con esta propuesta, en criterio de la Procuraduría, la única intervención que podría realizar el Estado con relación al transporte colaborativo sería para efectos de cobrar a las empresas el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta.
Agrega que se modifica la potestad de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) para fijar tarifas, ya que “únicamente la autoriza para fijar montos máximos”, por lo que se interfiere con las atribuciones que la institución tiene asignadas por ley.
En cuanto a la formalización de las personas que trabajan para estas plataformas y la recaudación de sus respectivas cargas sociales, la Procuraduría dice que el plan carece de precisión respecto a los alcances de las obligaciones con la seguridad social.
“Debe recordarse que el mismo proyecto de ley excluye la existencia de una relación laboral entre la empresa y el conductor, pero por otro lado, exige la inscripción previa ante la Caja de las empresas de transporte privado colaborativo. Así las cosas, no es claro los alcances de las obligaciones con la seguridad social”, concluye la PGR.
Campos aseguró que existe “un temor muy fuerte” de abandonar lo que considera es una excesiva regulación y excesivo control del Estado, sobre las actividades económicas del país.
“Cuando se habla de desregulación, de libertad, de ejercer el derecho de las personas de realizar una actividad económica legal, pues obviamente hay una disociación entre la forma en la cual el Estado ha venido funcionando y las nuevas formas con las cuales requiere funcionar”.
Esta falta de armonía entre lo que plantea el proyecto de ley y la normativa vigente también lo previene la Procuraduría, pero en el sentido de que la propuesta no cuenta con un capítulo de derogatorias o de modificaciones de leyes actuales.
El Gobierno presentó otro proyecto de ley con el objetivo de igualar condiciones entre choferes de plataformas y taxistas.
En este plan, los choferes Uber y DiDi tendrían que pagar seguro de trabajador independiente a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como seguro de responsabilidad civil para terceros e impuesto de renta.
Adicionalmente, tendrían que rotular sus vehículos para operar en la formalidad y deberán llevar a revisión técnica una vez al año el vehículo.
Las mismas condiciones aplicarán para los taxistas, a quienes se les flexibilizan las regulaciones. Por ejemplo, los vehículos de taxi deben cumplir en la actualidad con la revisión técnica cada seis meses. Con el proyecto sería una vez al año para ambos modelos.
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