Un proyecto del Partido Restauración Nacional (PRN), para aumentar los recursos para la Red de Cuido, tendría el efecto secundario de desfinanciar a otros programas sociales del Estado.
Se trata del primer plan de ley que presentó la diputada y segunda secretaria del Directorio legislativo, Ivonne Acuña, el 15 de mayo.
La iniciativa obligaría a subir de un 4% a un 6% el porcentaje del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) que se destina a la Red de Cuido, programa de guardería y educación que permite a madres y padres de escasos recursos salir a trabajar o estudiar mientras sus hijos en edad preescolar son atendidos.
Sin embargo, este es precisamente uno de esos proyectos de ley que obligan al Gobierno a hacer gastos adicionales sin crear nuevas fuentes de financiamiento.
La propuesta de la legisladora no establece de dónde se tomaría el dinero para elevar el porcentaje o a qué otros programas sociales se les quitaría para aumentar el dinero de la Red en ¢12.600 millones (de ¢25.300 millones a ¢37.900 millones).
¿Qué pasaría entonces? El Gobierno tendría que endeudarse más para cumplir la obligación o se le quitan recursos a otro programa social, entre los que están el programa de nutrición del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Programa Nacional de Empleo, las becas de Avancemos y las pensiones de adultos mayores y del régimen no contributivo.
Asimismo, de allí se financian proyectos de saneamiento rural, promoción de las medianas y pequeñas empresas, así como agua potable para comunidades rurales.
Así se determinó al ver las partidas presupuestarias que reparte el Fodesaf cada año, según informes del Ministerio de Hacienda para el ejercicio presupuestario 2018.
Un equipo interdisciplinario de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) también confirmó la problemática que plantearía el proyecto.
Cerca de un 80% de los proyectos financiados por Fodesaf están fijados por ley, mientras que el 20% restante se reparte entre una variedad de programas sociales.
La Nación intentó consultarle a la diputada por qué no se buscó una fuente de recursos para cubrir ese hueco que le estarían generado a esos programas, pero la congresista remitió a su asesora Isabel Brenes, quien precisamente fue viceministra de Bienestar Social en el gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla y primera directora del programa de la Red de Cuido.
Brenes explicó que la idea de Acuña es aumentar los recursos destinados al cuido de la niñez en extrema pobreza, pues asegura que la desatención de esos niños se habría duplicado en los últimos tres años, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
En cuanto a cuáles programas podrían ser afectados para beneficiar a la Red de Cuido, Brenes dijo que eso “ya es una prerrogativa administrativa de quien dirige el fondo”, o más allá, del Poder Ejecutivo, en la persona del ministro de Trabajo, jerarca rector del Fodesaf.
“La ley no está diciendo cuál es el reajuste que se tiene que hacer en la distribución de los montos que no están definidos por ley, eso le toca al Ejecutivo”, comentó Brenes.
Esa es precisamente una de las tres principales preocupaciones que la Desaf resaltó en su análisis sobre la iniciativa de Acuña.
“El proyecto crea nuevas obligaciones legales que suman más rigidez a la inversión social. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha manifestado que el presupuesto del Fodesaf es sumamente rígido. Dicha rigidez dificulta la capacidad de Desaf de mejorar la eficiencia, estableciendo y revisando prioridades de política y aplicando la rendición de cuentas de las instituciones responsables de ejecutar los programas”, explicó el equipo de la Dirección de Desarrollo Social.
La segunda preocupación de la entidad es que se incremente el presupuesto público ya fijado por ley, porque el Estado busca, desde el 2016, implementar acciones para lograr una gestión para resultados en el desarrollo.
Entonces, fijar gastos por ley, poco fácil de modificarlos, sería contrario a destinar recursos por resultados.
Además, el criterio de Desaf es que hay una contradicción entre artículos del proyecto, pues mientras en el tercero dice que se considera como beneficiarios a todos los menores de siete años, en el artículo 15 dice que los recursos se ejecutarán según la ley 5.662, que claramente indica que son beneficiarios los niños que “se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema”.
El proyecto de Acuña, además, establece que la inversión en la Red de Cuido se pueda considerar como parte de lo que el Estado invierte en educación, para superar el 8% establecido constitucionalmente.