La Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que un proyecto de ley, aprobado ya en primer debate, generaría un nuevo peso en el Presupuesto Nacional y afectaría las finanzas públicas.
Se trata del plan de Ley de Acceso a la Justicia para las Personas Consumidoras, el cual crearía un nuevo destino específico en favor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), para atender las labores de defensa de los consumidores.
Este texto, entre otros puntos, otorgaría a la Comisión Nacional del Consumidor la potestad de “declarar la nulidad de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión” que firmen los consumidores con empresas, “así como la comisión de prácticas abusivas; y el resarcimiento de daños y perjuicios correspondientes cuando procedan”.
No obstante, la Contraloría señaló que, a la vez, crearía un destino específico carente de estudios técnicos y económicos. Así lo señaló en el criterio DJ-0742, emitido este 4 de abril.
El proyecto autoriza “a los entes y los órganos de la Administración Pública, cuyas competencias se relacionen con la defensa del consumidor, para transferir fondos de sus presupuestos al MEIC, el cual, en coordinación con los Ministerios de Justicia y Paz y Educación Pública, debe realizar campañas para informar y educar a los consumidores y promover su organización en todo el territorio nacional”.
Además, la iniciativa establecería que las multas producto de resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor serán destinadas al Ministerio de Economía “para impulsar los programadas de educación al consumidor, mejorar los mecanismos de acceso para la atención de los consumidores, recepción de denuncias, y demás servicios y tramites que brinda esta dependencia, así como la atención de denuncias en casos de zonas fuera del Gran Área Metropolitana”.
El Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio tendrían que revisar, cada cinco años, la pertinencia y necesidad del destino específico de las multas establecido en la presente ley.
La iniciativa fue presentada Yorleny León, exdiputada liberacionista y actual presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (Imas), y fue votada en primer debate el 28 de abril por los anteriores legisladores. Le resta el segundo debate en el plenario.
Al respecto, la CGR indicó: “Esta Contraloría General se ha referido de manera reiterada a la creación de destinos específicos, en relación con los cuales ha destacado las dificultades que esto implica en el equilibrio presupuestario y, con especial énfasis, la imperiosa necesidad de revisar este tipo de decisiones en relación con la realidad económica y social del país, así como los principios de eficiencia y calidad en la asignación del gasto público”, comentó el ente contralor.
Además, recalcó que el texto no indica si se han realizado análisis sobre otras fuentes financiamiento que eviten la creación de un nuevo desembolso.
“En caso que se mantenga la intención de crear este nuevo destino específico, este órgano contralor estima necesario establecer, en relación con la revisión periódica del mismo, algunos parámetros orientadores de cómo se llevarán a cabo dichas revisiones y el órgano encargado de realizarlas, lo cual permitiría conducir este ejercicio bajo criterios técnico-objetivos”, agregó la CGR.
La propuesta plantea que los consumidores se encuentran en una posición de “desequilibrio” en su relación con los comerciantes y, por lo tanto, requieren de una protección legal especial que permita compensar esta situación de desventaja existente en el mercado.
Además, el texto plantea que, cuando se incumplan las sanciones impuestas por la Comisión Nacional del Consumidor, los casos puedan escalar a la vía judicial y se dé ejecución de sentencia.