El Proyecto de Ley Reguladora de la Investigación Biomédica está en el lugar nueve de la lista de proyectos por votar en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, 138 mociones de diferentes diputados ahogan el impulso a la iniciativa pues persiste un choque de criterios entre fuerzas políticas e instituciones.
Las mociones, que casualmente son de reiteración (ya presentadas en trámite de comisión), según el artículo 138 del Reglamento del Congreso, buscan dar mayor presencia a investigadores universitarios en el marco regulatorio.
José María Villalta, responsable de una mayoría de esas propuestas de reforma, asegura que busca la mejor regulación y pretende proteger los derechos de los sujetos bajo estudio.
“El proyecto de la UCR (otro texto) es más depurado, atiende preocupaciones y protege los derechos de la gente, que no los tomen como conejillos de Indias”, dijo Villalta.
El Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y el Partido Acción Ciudadana (PAC) tienen su parte en las mociones, y persiguen que se dé campo a las propuestas de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“El resto de fracciones quiere desconocer el criterio de los técnicos”, dijo Rita Chaves, del PASE.
La diputada sostiene que el texto actual atenta contra los derechos de las personas con discapacidad. Ella considera que estas personas no deben ser objeto de estudio ni se debe tomar en cuenta el criterio de sus encargados legales.
La liberacionista Alicia Fournier impulsa que la iniciativa se apruebe a la brevedad, para cumplir con el mandato de la Sala Constitucional de regular la materia.
“Estamos para votar (el proyecto). Es un marco para regular la investigación con especial interés por los derechos humanos”, dijo la diputada verdiblanca.
La iniciativa establece la creación del Consejo Nacional de Investigaciones en Salud (Conis), con representantes ministeriales de Salud; Ciencia, Tecnología y Telecomucicaciones; del Consejo Nacional de Rectores y los colegios profesionales en distintas ciencias médicas. Ese es un punto de discordia pues la UCR procura tener mayor presencia, así como los laboratorios de esa y otras universidades.
El proyecto actual exige el consentimiento informado para que un sujeto se someta a investigación biomédica, la prohibición de remunerar esa participación y varias normas para evitar el uso de portillos legales por parte de investigadores del sector privado.