La contralora general de la República, Marta Acosta, advirtió este miércoles de que un proyecto del gobierno de Rodrigo Chaves abriría la puerta para contratar obras públicas a dedo, sin acatar los controles legales y constitucionales vigentes.
Se trata del expediente legislativo 24.099, el cual plantea reformas a los artículos 67 y 77 de la Ley General de Contratación Pública. El gobierno lo presentó con el fin de encargar la construcción de Ciudad Gobierno al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $450 millones para, luego, pagar a este organismo el alquiler de los edificios por 25 años.
El Poder Ejecutivo recurrió al proyecto de ley después de que la Contraloría General de la República le advirtió de que, bajo el marco legal vigente, no es posible contratar la construcción y alquiler de edificios sobre terrenos públicos.
Marta Acosta dijo que, si bien el planteamiento es un traje a la medida para Ciudad Gobierno, a la vez abriría el portillo para otros proyectos creando una figura de “arrendamiento alternativo” en el que no hay concurso para escoger la mejor oferta, lo cual carece de asidero legal y podría ser inconstitucional.
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Para la Contraloría, el proyecto abriría un “boquete” en la normativa, permitiendo utilizar la figura también para contratar a dedo obras en carreteras, aeropuertos y hospitales con solo una autorización administrativa, sin necesidad del aval de la Contraloría o de la Asamblea Legislativa, en caso de que el financiamiento sea internacional.
Marta Acosta advirtió de que la reforma también permitiría otorgar a terceros derecho de uso de bienes públicos sin límite de plazo, lo que sería inconstitucional por violación a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
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“El propósito de la reforma no es simplemente aclarar el procedimiento especial para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles; se pretende regular un nuevo y complejo mecanismo de contratación para el desarrollo de obra pública”, alertó.
También, señaló que el plan permitiría a las instituciones contratar endeudamiento sin registro y sin autorizaciones legislativas.
El plan tampoco hace diferencia entre bienes patrimoniales y demaniales; los últimos requieren aprobación del Congreso para su desafectación.
¿Qué dice el proyecto?
El proyecto agregaría tres párrafos al artículo 67 de la Ley de Contratación Pública, el cual regula la compra y arrendamiento de bienes inmuebles.
En el último párrafo, se crearía la figura del arrendamiento alternativo. Primero, dice que el arrendamiento de bienes por construir podrá pactarse para obras que se desarrollen sobre bienes públicos, ya sea en propiedad de la administración arrendataria o de otros entes y órganos públicos.
“Para tales efectos, los entes y órganos públicos podrán otorgar derechos de uso en el tanto se acredite que eso conviene al interés público.
“Estos derechos de uso podrán exceder el plazo inicialmente pactado para el arrendamiento respectivo y permitir el arrendamiento alternativo a otros sujetos públicos o privados, en la medida en que eso otorgue un plazo razonable para la recuperación de inversiones por parte del beneficiario del derecho de uso, siempre por su cuenta y riesgo”, dice la reforma propuesta por el Gobierno.
Además, se modifica el artículo 77, que regula la figura de arrendamiento financiero, para establecer que las autorizaciones necesarias son solamente las “administrativas”.
“La Administración podrá pactar la adquisición o el arrendamiento de inmuebles por construir o en proceso de construcción, cuando ello convenga a sus intereses institucionales o comerciales, cumpliendo en tal caso lo establecido en los requisitos anteriores.
“En estos, la Administración podrá pactar como parte del contrato especificaciones para efectos del diseño y obra que desarrollará el arrendante respectivo, de manera que el bien por arrendar se adapte de mejor manera a las necesidades administrativas”, dicen los párrafos que se agregarían.