Un proyecto de ley presentado por la administración de Rodrigo Chaves, para flexibilizar la regla fiscal, abriría la puerta para aumentar el gasto corriente del Gobierno Central. Si la reforma hubiese sido aprobada para el Presupuesto Nacional del 2023, este tipo de gasto habría podido crecer en casi ¢140.000 millones.
La propuesta enviada a la Asamblea Legislativa consiste en liberar los intereses de la deuda pública y el gasto de capital (obras y equipamiento) de la aplicación de la regla fiscal, lo que propiciaría más espacio de crecimiento para los montos destinados a salarios, servicios y transferencias a instituciones y personas.
¿Qué es la regla fiscal?
La regla fue creada por ley en el 2018. Se trata de un mecanismo que le fija un techo de crecimiento al gasto público de acuerdo con dos factores: el tamaño de la deuda pública y el ritmo de la economía.
El tope es más estricto conforme más alto sea el endeudamiento y menos dinámica sea la economía, con el objetivo de evitar que un agravamiento de las finanzas públicas empeore la situación del país.
Para el 2023, por ejemplo, el techo de crecimiento es de un 2,5% y se aplica tanto para el gasto corriente como para el gasto de capital; este último entra en la ecuación porque la deuda hoy supera el 60% del producto interno bruto (PIB) y ese se considera el escenario más grave.
¿Qué plantea el Gobierno sobre la regla fiscal?
Por un lado, el proyecto del Gobierno propone excluir, de la aplicación de la regla fiscal, el dinero destinado para obras, el cual para el 2023 crece un 2,5%.
En cuanto al gasto corriente, este se compone de intereses de la deuda, salarios, servicios y transferencias corrientes a instituciones y personas. El planteamiento del Poder Ejecutivo es liberar los intereses.
Hay que tomar en cuenta que ya están excluidos de la regla fiscal los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FodesaF), del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafico) y del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Situación del gasto corriente hoy
El gasto corriente sometido a la regla fiscal, en el Presupuesto del 2022, es de ¢7,68 billones y pasaría a ¢7,87 billones en el 2023, con lo cual se cumple el techo del 2,5%. En cifras nominales, el crecimiento sería de ¢198.000 millones.
Sin embargo, las variaciones por tipo de rubro son distintas. Los intereses aumentan casi un 12% y los salarios un 0,7%, mientras que las transferencias decrecen un -2,6% y los servicios, un -5,6%.
En consecuencia, la suma de salarios, transferencias y servicios en realidad decrece entre el 2022 y el 2023, al pasar de ¢5,46 billones a ¢5,39 billones. En el presupuesto, se prevé una reducción de -¢65.000 millones.
¿Qué pasaría si se aprobara el proyecto de ley y se excluyen los intereses?
Básicamente, el gasto corriente restante (salarios, transferencias y servicios) podría crecer de ¢5,46 billones a ¢5,60 billones. Es decir, podría aumentar en ¢140.000 millones aun cumpliendo la regla fiscal.
Esa cifra equivale a más de la mitad del presupuesto actual de ¢270.422 millones del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y a casi tres veces el de la Asamblea Legislativa, de ¢47.000 millones.
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Nogui Acosta, ministro de Hacienda, admitió que, de aprobar el Congreso el proyecto de ley, el gasto corriente podría crecer.
De hecho, añadió, la propuesta se planteó con la idea de buscar espacios en el plan de gastos anual, carcomido por el crecimiento de la deuda pública y la demanda de pagos en intereses.
Adujo que, como el Gobierno no tiene control sobre el pago de intereses, la regla está desplazando otros gastos.
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Con el eventual incremento, añadió el ministro, el Gobierno aspiraría a aumentar el gasto social, un tipo de gasto corriente incluido en las transferencias a las instituciones.
Acosta adelantó que, por el momento, no se tiene previsto qué tipo de gasto social se incrementaría con esos recursos. “Eso se evaluará hasta saber el resultado de la propuesta”, sentenció.
Situación de los salarios
Hay que tomar en cuenta que, en el caso de los salarios, estos no pueden crecer por costo de vida porque la misma regla fiscal los congela mientras la deuda supere el 60% del PIB.
La única forma en que podrían crecer es si aumenta la planilla. Actualmente, una norma presupuestaria ordena congelar las plazas que quedan vacantes, pero la administración Chaves insiste en derogar esa medida.
Ademas de pedir liberar el pago de intereses y el gasto de capital, el Gobierno le plantea a los diputados sacar de la restricción los presupuestos de instituciones autónomas con actividades comerciales como el Consejo Nacional de la Produccción (CNP) o el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), excepto las transferencias que reciba del Ministerio de Hacienda.