Los diputados del partido de Gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD), presentaron un proyecto de reforma constitucional para eliminar la restricción que impide someter a referendo los temas relacionados con pensiones.
Se trata de una reforma al artículo 105 de la Constitución Política que elimina la palabra “pensiones” de dicho artículo, para que se lea así: “El referéndum no procederá si los proyectos son relativos a materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos o actos de naturaleza administrativa”.
La justificación de motivos argumenta que el Estado soporta el deber de financiar “un grupo pensiones exorbitantes y crecientes para un número reducido de beneficiarios”, lo que impide regular la materia.
Este sería un tercer abordaje sobre este tema de parte del oficialismo. El 16 de agosto del 2022, durante un evento por los 100 días de gobierno, el mandatario dijo que plantería una “consulta de constitucionalidad” a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de dejar a la Sala Constitucional sin jurisdicción sobre el tema de pensiones de lujo.
En el pasado, la Sala IV ha establecido que es posible limitar pensiones de lujo mediante el cobro de contribuciones solidarias que no superen el 50% del monto bruto, tal como lo hizo la Asamblea Legislativa anterior al imponer cobros a las jubilaciones que superaran los ¢2,2 millones.
Antes, en campaña electoral, Chaves había hablado de someter a referendo el tema de las pensiones de lujo. Sin embargo, esa propuesta hoy es impracticable porque la Constitución Política impide someter a consulta popular leyes sobre pensiones.
Cisneros también anunció otro proyecto de ley que presentará este 1.° de mayo, una propuesta para que la contribución patronal del Estado a los sistemas pensiones sea la misma, sin importar el régimen.
“Es un proyecto de ley proyecto de ley para que la contribución estatal sea igual para todos los regímenes. ¿A cuenta de qué si nuestra Constitución dice que todos somos iguales, el Estado contribuye más al Poder Judicial, más al Magisterio Nacional y menos al resto?”, indicó.
Actualmente, los sistemas de pensiones se alimentan de tres fuentes: empleado, patrono y Estado. En todos los casos, el Estado aporta el equivalente a un 1,24% del salario del empleado, sea público o privado. Las grandes diferencias están en las cotizaciones de empleados y patronos.
En el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) los patronos privados y el mismo Gobierno aportan el equivalente a un 5,08% del salario de sus colaboradores. Sin embargo, en la Corte, en su calidad de patrono, el Ejecutivo aporta un 14,36% y, en el régimen de Capitalización del Magisterio, un 6,75%
Los funcionarios judiciales y los docentes, por su parte, contribuyen con un 13% y un 8%, respectivamente, mientras que los empleados públicos y privados afiliados al IVM, un 3,84%.