Marvin Carvajal Pérez tiene 22 años de trabajar en la Universidad de Costa Rica (UCR), donde es profesor, en propiedad, en la Facultad de Derecho.
Además, entre el 1998 y el 2014, laboró 16 años en el Poder Judicial, ocho de ellos como letrado de la Sala Constitucional y ocho como director de la Escuela Judicial.
Luego, trabajó cuatro años como director jurídico de Casa Presidencial durante la administración de Luis Guillermo Solís.
Hoy, frente al debate público sobre el proyecto de reforma al empleo público, Carvajal toma una posición distinta a la de la mayoría de sus colegas universitarios, incluidos los miembros de las cúpulas.
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Este asalariado de la UCR sostiene que lo que está en juego con este proyecto no es la autonomía universitaria, sino sus “privilegios insostenibles”.
Opina que “se ha dado una interpretación un tanto abusiva del concepto de autonomía universitaria”, al igual que ocurre con la independencia judicial en la Corte.
La siguiente es una conversación que tuvo con La Nación sobre el tema:
-La semana anterior, usted hizo este comentario en su perfil de Facebook: “No está en juego la autonomía universitaria. Están en juego nuestros privilegios insostenibles. Debemos dar el ejemplo”. ¿A qué responde esa posición suya, tan distinta a lo que opina la mayoría de sus colegas académicos?
Creo que se ha dado una interpretación un tanto abusiva del concepto de autonomía universitaria. No es que desprecie ese concepto, ni mucho menos. Me parece que es una garantía esencial en cualquier democracia que la academia pueda producir ideas de forma libre, sin obstrucciones de nadie, pero la autonomía universitaria no significa todo lo que algunos de sus defensores dicen que significa.
“Creo que, en este caso, muchos de los reclamos que se han dado obedecen a que, obviamente, una ley como esta (de empleo público) viene a poner una serie de límites en la manera como se toman las decisiones en materia de empleo público, principalmente, de remuneraciones; y eso no le cae bien a casi nadie. Creo que esa es la verdadera razón.
“El gran argumento es la autonomía universitaria, que es lo mismo que también excompañeros del Poder Judicial utilizan con la independencia judicial. Consideran que un régimen de empleo que se estandarice, que no le permita a la propia Corte o a la propia Universidad, tomar sus decisiones en materia de régimen de empleo, limita su autonomía en el caso de la Universidad y de independencia en el del Poder Judicial”.
-¿Por qué considera que un salario global, como el que plantea la reforma al empleo público, no es una limitante para la autonomía o para la independencia?
Me parece que, en ambos casos, no es así. La independencia en la justicia y la autonomía universitaria se logran preservar siempre que el Estado no se meta a fijar los programas de los cursos, los profesores que deben dar estos cursos, o calificarlos, o removerlos, o a cualquier cosa que implique una injerencia en ese ámbito, que sí me parece que es absolutamente protegido en el ámbito universitario y también en el judicial, porque son garantías del Estado de Derecho, pero que no implican que estas instituciones no se puedan someter a reglas para un adecuado manejo de la Hacienda Pública.
“Recordemos que estas mismas instituciones también objetaron la reforma fiscal, por entender que la regla fiscal era contraria a su independencia y a su autonomía, respectivamente, y también creo que eso es un desacierto, porque tanto el Poder Judicial como la Universidad se sufragan con fondos públicos.
“En realidad, en el Poder Ejecutivo no hay un gran problema en el régimen salarial. Hay problemas, por supuesto, pero el mayor problema está en las instituciones autónomas y en los órganos independientes: en el Poder Judicial, en la Contraloría General de la República (CGR).
“La Contraloría ya puso orden en este tema hace unos pocos años”.
-Resulta paradójico que las entidades donde más se podría ajustar el gasto sean las primeras en querer librarse de la ley...
Pero son estas las instituciones que han tenido un régimen salarial y funcional propio, y la verdad, es que son las que generan las mayores presiones al presupuesto de la República.
“El Poder Judicial se sufraga, casi enteramente, con el presupuesto de la República.
“Están las instituciones descentralizadas, las que no son empresas públicas y el usuario final es el que paga el régimen salarial. Las demás reciben transferencias del presupuesto de la República, incluyendo las propias universidades.
“Por eso, no podríamos entender que un régimen salarial sin límites no afecta las finanzas del Estado”.
-Uno de los argumentos de las instituciones es que un salario poco competitivo abarataría la profesionalización dentro del sistema y degradaría la calidad del servicio. ¿Está de acuerdo con eso?
Yo estaría de acuerdo con eso si tuviéramos con qué pagar salarios mejores de los que paga en este momento el mercado laboral.
“La verdad es que tenemos una realidad laboral que nos marca ciertas pautas.
“Luego, tenemos diferencias inmensas entre lo que gana un funcionario del Poder Ejecutivo frente a uno del Poder Judicial, o a uno de las instituciones descentralizadas, y nada justifica una diferencia de ese volumen.
“Lo justifican los atestados. (En el caso de) una persona altamente calificada, uno entendería que tenga una remuneración mejor que alguien con menores calificaciones, o con una responsabilidad muy grande frente a responsabilidades pequeñas o menos significativas en materia de riesgo para la persona y para la institución que representa.
“Ante esa diferencia, establecer ciertas normas estandarizadas es necesario, es obligatorio.
“Por supuesto, que esto podría ser una reforma únicamente dirigida al Poder Ejecutivo. A mucha gente le encantaría que fuera así. Sin embargo, el Poder Ejecutivo ya es uno de los que tienen el régimen salarial más ajustado frente a otras instituciones.
“Este sistema no va a generar una gran afectación a los funcionarios de la Fuerza Pública, pero sí puede implicar importantes cambios en las reglas en la UCR, o en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o en algunas instancias que tienen regímenes salariales y funcionales que puedan ser deseables.
“Quisiéramos que todo el mundo gane mucho, para que gaste mucho y pueda suplir todas sus necesidades, pero la realidad fiscal nuestra no es esa”.
-¿Le ha generado anticuerpos esa postura?
Algunas veces. Tampoco es que lo haya comentado tantas veces, pero cuando lo hago, normalmente, no todo el mundo está muy feliz con el comentario.
-¿Influye en esa posición suya el hecho de haber laborado en el Gobierno Central? (Fue director jurídico de Casa Presidencial en la administración Solís Rivera y durante el primer año de la gestión Alvarado Quesada).
Creo que el haber pasado por dos poderes distintos de la República (el Ejecutivo y el Judicial), luego tener todo ese tiempo en la Universidad y, además, estar ahora trabajando en el sector privado, me ha dado una perspectiva desde varios ángulos. Posiblemente, esa perspectiva no la tienen otras personas.
“La verdad es que mi comentario también es mal recibido en el Poder Judicial, donde fui letrado de la Sala Constitucional del 98 al 2006, y director de la Escuela Judicial del 2006 al 2014.
“Esos regímenes funcionariales obedecen a necesidades de las instituciones. El Poder Judicial necesita gente muy calificada, muy honesta; la academia necesita tener a la mejor gente formando a los futuros cuadros, pero hay una realidad fiscal a la que debemos someternos, porque nada de eso se paga solo.
“Todo eso se paga, finalmente, con el esfuerzo de cada costarricense al ir y pagar sus impuestos, al sufragar un servicio público.
“Así que no podemos tener la liberalidad que, quizás, se pueda dar en otros ámbitos”.
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