San José
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) declinó resolver la denuncia contra la ministra de Comercio Exterior (Comex), Anabel González, por los viajes al exterior que realizó durante la actual administración y trasladó el expediente a la Contraloría General de la República (CGR).
Fue el diputado Wálter Céspedes, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quien pidió a la PEP investigar a González porque, según él, no se observan “resultados positivos o beneficios tangibles para el país” derivados de sus viajes al exterior.
No obstante, en la resolución AEP-RES-011-2014, firmada por la procuradora Tatiana Gutiérrez, de la cual La Nación tiene copia, la Procuraduría argumentó que decidió el traslado del asunto a la CGR porque no le compete vigilar el correcto uso de los recursos públicos.
“Debe entenderse que la competencia de la Procuraduría de la Ética se circunscribe al ámbito de la función pública, por lo que no incluye acciones o actuaciones (…) tratándose de fondos públicos o del manejo de la hacienda pública”, se sustenta en la resolución.
El diputado Wálter Céspedes pidió a la Procuraduría determinar si la ministra Anabel González violó los principios de razonabilidad, proporcionalidad, ética y probidad en el ejercicio de la función pública, por haber realizado entre el 2010 y el 2013 75 viajes al exterior en los que el Estado invirtió ¢183,8 millones.
Céspedes afirmó que González utilizó algunos de esos periplos para promover su candidatura a la Dirección de la Organización Mundial del Comercio (OMC), proceso en el que no superó el primer filtro de selección en el 2013.
En la resolución citada, la Procuraduría sí determinó que la ministra no promovió su candidatura a la OMC a nivel personal, sino que fue el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla el que impulsó la postulación y la declaró de interés público y nacional en el decreto ejecutivo No. 37478-MP.
Asimismo, la Procuraduría destacó que los acuerdos de viaje para promover la candidatura de González y las liquidaciones de viáticos correspondientes fueron autorizados por la presidenta Chinchilla.
González, como ministra, tiene bajo su responsabilidad promocionar la venta de productos costarricenses en otros países y también abrirles puertas en otras naciones, ya sea por medio de acuerdos comerciales o solución de conflictos legales.
Denuncia en el aire. Céspedes declaró este jueves que respeta pero no comparte esa conclusión, pues existe un acuerdo del Consejo de Gobierno donde se hace referencia al carácter personal de la candidatura de González.
El diputado criticó al Procurador de la Ética Gilberth Calderón a raíz de la decisión tomada sobre su consulta.
“Me parece que al Procurador le ha llovido mucho durante este Gobierno y se cuidó mucho en este caso que yo le propuse investigar”, sostuvo.
El diputado afirmó que le facilitará a la CGR nuevos documentos que servirán para probar lo que él ve como un abuso de recursos públicos.
Sin embargo, reconoció que esa entidad no podrá castigar a ningún funcionario público hasta que no se resuelva una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 72 de su ley orgánica, mismo que le permite sancionar a los funcionarios públicos.
Hace un mes, en respuesta a la acusación de Wálter Céspedes, Comex afirmó que la ministra Anabel González viajó en 68 ocasiones entre el 2010 y el 2013 y que el costo de esos viajes fue de ¢200,2 millones.
El ministerio además recalcó que durante los viajes la ministra cumplió con los objetivos fijados por el Gobierno, los cuales, según Comex, se pueden notar en los resultados en términos de atracción de inversiones al país y en el campo del comercio exterior.