La Procuraduría General de la República (PGR) calificó de “contrario a la dignidad humana” un proyecto de ley que permitiría someter a los policías actuales a pruebas de detectores de mentiras, para garantizar su permanencia en sus puestos.
El plan lo presentó la diputada independiente Zoila Rosa Volio y es discutido en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
En un principio, el proyecto pretendía utilizar los polígrafos para el proceso de selección de policías, pero un texto sustitutivo pretende ampliar el uso del detector de mentiras al personal que ya está en funciones, para procesos de control de confianza.
El plan autorizaría la prueba del polígrafo para los oficiales de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Servicio Nacional de Guardacostas y el Servicio de Vigilancia Aérea.
“Esta Procuraduría estima que el proyecto de ley consultado, en general, sigue presentando dudas razonables de constitucionalidad, así como algunos inconvenientes a nivel jurídico, que debieran ser, por un lado, dilucidados por la Sala Constitucional”, indicó la PGR.
Durante el 2020, la Procuraduría emitió dos criterios sobre este mismo proyecto de ley, donde también manifestó estas debilidades.
“Nuestra jurisprudencia laboral, contencioso-administrativa y constitucional, nos obliga a reiterar una vez más que, más allá de su dudosa fiabilidad técnica, autorizar el uso del polígrafo o detector de mentiras en los procesos de selección de personal y en los procesos control de confianza para la permanencia en cuerpos policiales, nos genera dudas razonables de constitucionalidad, por haberse preceptuado su uso como contrario a la dignidad humana y porque podría vulnerar principios constitucionales”, señala el documento.
El polígrafo es un instrumento de medición sobre respuestas fisiológicas. Documenta las variaciones de la presión arterial, el ritmo cardíaco y la frecuencia respiratoria de una persona ante determinadas preguntas.
El nuevo criterio de la Procuraduría obedece a que, en diciembre del 2020, los diputados publicaron el texto actualizado del proyecto de ley.
Uno de cambios fue detallar cuáles cuerpos policiales estarían autorizados para aplicar la prueba de polígrafo en la selección de su personal, ya que anteriormente no los contenía, situación que rescató la Procuraduría.
No obstante, el ente procurador criticó que el nuevo texto amplía el objetivo inicial del proyecto de ley, el cual era proveer una herramienta para el proceso de reclutamiento y selección del personal.
“Se amplía a los denominados procesos de evaluación de control de confianza en el desempeño de funciones de quienes ya forman parte de los distintos cuerpos policiales aludidos, a efectos de valorar su permanencia, lo cual implica un cambio sustancial del contenido esencial y originario del citado proyecto de ley”, advierte el criterio.
Debido a este cambio, el criterio advierte de una “incongruencia” entre los artículos del proyecto, pues algunos de los artículos continúan señalando que el uso del polígrafo será para “efectos de selección laboral”.
“Incidiría ya no solo en el ingreso, sino también en la permanencia y promoción en la institución donde están adscritos. Todo esto, aunque la ley no lo califique como requisito obligatorio”, agrega el documento.
Según explicó la diputada Zoila Volio, la cobertura del uso del polígrafo fue ampliado a los oficiales en funciones por solicitud del ministro de Seguridad, Michael Soto.
“Ese cambio es para que se aplique a más funcionarios, no solamente a los que ingresan. La idea es que, si se tienen dos o tres años de trabajar y se empiezan a caer operativos donde usted es parte, entonces hay que pasar el polígrafo a ver qué está pasando”, explicó Volio.
La legisladora también alegó que, además de ser un procedimiento voluntario, todos los oficiales han ingresado a las fuerzas policiales por su propia voluntad, por lo que en su cumplimiento del deber no debe de existir problema en someterse a la prueba.
Según el proyecto, la realización de las pruebas de polígrafo estarían a cargo de la Academia Nacional de Policía; sin embargo, el criterio de la Procuraduría cuestiona si dicho órgano tiene la capacidad “técnica y científica suficiente“.
“Creemos conveniente que sea una institución u organismo técnico-científico con mayor atinencia e independencia funcional y competencial en la materia, que permita una certificación real, objetiva y transparente de quien aplica los polígrafos; máxime cuando Ministerio de Seguridad Pública (...) podría llegar a ser prestatario o usuario de tales servicios”, agrega.
Por otro lado, la Procuraduría reconoció que el texto sustitutivo subsana anteriores dudas sobre el carácter reservado, sensible o confidencial de la información y datos obtenidos de las pruebas.
Para la aplicación del examen psicofisiológico de polígrafo, la persona debería acceder voluntariamente a dicha prueba y manifestar su consentimiento expreso de forma escrita.
Este proyecto de ley fue presentado en el año 2019.