La Procuraduría General de la República (PGR), en representación del Estado, se presentó este martes ante el Ministerio Público por el caso de corrupción en obras públicas que investigan las autoridades judiciales.
“El día de ayer la Procuraduría General de la República se apersonó al proceso. En estos momentos los procuradores asignados se encuentran realizando el estudio del expediente”, respondió la PGR ante consulta de La Nación.
Una vez revisada la documentación del expediente, la entidad podría presentarse como “víctima” en la causa judicial.
Este lunes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público realizaron 57 allanamientos que permitieron la detención de 30 personas sospechosas de ofrecer o aceptar sobornos en contratos para construcción de carreteras.
Figuran como sospechosos funcionarios públicos y personas vinculadas a las empresas constructoras Meco y H. Solís.
El director del OIJ, Wálter Espinoza, indicó que hubo personas que se aprovecharon de sus circunstancias, condiciones y labores para obtener sobornos y “favorecer a las empresas privadas y elevar los costos y montos de la obra pública”.
Destacó que en el caso de quienes tenían vínculos con las empresas privadas, aparentemente, obtuvieron una “ventaja comercial en su ámbito de actividad en mantenimiento y construcción de obra pública”.
“Estos movimientos irregulares, esta malversación de fondos, esta utilización indebida de dineros previstos para un proyecto en iniciativas que beneficiaban o favorecían a otras personas generó un enorme déficit de carácter presupuestario.
“Lo que podríamos denominar una especie de laguna financiera que en el periodo de estudio, que es el año 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020, generaron un desbalance de aproximadamente ¢78.000 millones”, aseguró Espinoza..