La Procuraduría General de la República, que funge como abogado del Estado, presentó un reclamo millonario contra el Partido Movimiento Libertario.
Se trata de una acción resarcitoria por el daño que la agrupación política podría haber causado al cobrarle al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ¢240 millones en capacitaciones que, presuntamente, nunca se realizaron.
Randall Aguirre, procurador penal, explicó que la gestión se realizó la semana pasada luego de estudiar la acusación del Ministerio Público contra tres representantes del Movimiento Libertario.
Los implicados son el extesorero y actual vicepresidente, Ronaldo Alfaro, el contador Róger Segura, y el exsecretario de Capacitación, Carlos Solano. A ellos se les atribuye delitos de estafa y falsificación de documentos.
La Procuraduría, además, presentó una querella para actuar junto con la Fiscalía en materia penal.
“Consideramos que en la parte penal hay suficientes elementos para acusar de la comisión de un delito de acción pública y en la parte civil porque consideramos que se le ha ocasionado un daño al Estado costarricense y ese daño debe ser indemnizado conjuntamente con los perjuicios que se le ha ocasionado. En este caso, el afectado es el Tribunal Supremo de Elecciones”, explicó Aguirre.
Danilo Cubero, presidente del Movimiento Libertario, dijo que la gestión de la Procuraduría es esperable cuando en una causa penal hay fondos públicos en discusión.
No obstante, añadió, aún no ha sido notificado.
Según él, están conscientes de que hubo un “error administrativo”, el cual atribuye al exsecretario de Capacitación.
Cubero, además, argumentó en favor de la agrupación que nunca recibieron del TSE ¢240 millones.
“Tenemos una resolución del Tribunal donde por capacitación lo que se gira es ¢1,6 millones. Más bien, en el TSE hay una reserva de más de ¢160 millones, que nosotros no hemos usado”, expresó.
El Ministerio Público también investiga supuestos cobros ilegales de los partidos Liberación Nacional y Acción Ciudadana.
De acuerdo con el procurador, en caso de que se acusara, revisarán también los motivos y las pruebas para determinar si proceden también reclamos económicos.