La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) denunció penalmente a Cristina Ramírez, actual jefa de Gestión de Procesos Masivos de Seguros Obligatorios del INS, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude de ley en la función pública administrativa y peculado de uso.
Según informó la PEP, los hechos llevados a la Fiscalía ocurrieron cuando Ramírez, quien también fue ministra de Justicia (del 2014 a 2015), se desempeñaba como directora jurídica del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Los supuestos delitos denunciados están relacionados con la contratación de los servicios de dos personas, a través de la subsidiaria INS Servicios S. A., añadió la Procuraduría de la Ética.
El caso fue presentado, el 15 de junio de 2020, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Actualmente el trámite del asunto se encuentra a cargo del Ministerio Público, por lo que es confidencial.
Este medio intentó conocer la versión de la funcionaria; no obstante, ella dijo que aún no ha recibido la notificación de la denuncia, por lo que no hablará del tema.
Según confirmó el INS, Cristina Ramírez fue despedida como directora jurídica el 11 de noviembre del 2019, sin responsabilidad patronal, debido a “faltas graves de acoso laboral y deterioro del ambiente laboral”.
Sin embargo, el 8 de enero 2020 el Juzgado de Trabajo de Cartago acogió una medida cautelar interpuesta por Ramírez, pues ella alegó una supuesta violación al debido proceso.
Entonces, se le asignó en el cargo de jefa del departamento de Gestión de Procesos Masivos de Seguros Obligatorios.
Luis Fernando Campos, gerente general del INS, explicó a este medio que espera que ese proceso labora se resuelva pronto, pues la denunciada sigue vinculada con la aseguradora.
“Lamentablemente, pese a que el proceso ya tiene sentencia de primera instancia a favor del Instituto, y de que estamos frente a un proceso que se caracteriza por su pronta resolución, hasta el momento no se ha dictado la sentencia definitiva por parte de la Sala Segunda”.
“También, está pendiente que se resuelva una solicitud que hizo el INS ante el juez de Cartago para que revoque la medida cautelar de reinstalación, por cuanto consideramos que es urgente que se desvincule a la señora Ramírez del INS, por lo grave de los hechos que constató la Procuraduría de la Ética”, afirmó el Gerente General.
La notificación de la denuncia de la Procuraduría de la Ética y el informe con recomendaciones también fueron enviados al gerente general del INS, el mismo día en que se interpuso la denuncia penal, bajo el oficio AEP-955-2020.
La PEP le pidió al Instituto informar las acciones que tomará al respecto.
Ramírez llegó al INS en el 2015, luego de que el expresidente Luis Guillermo Solís le pidió abandonar su puesto como ministra de Justicia y Paz para apoyar las gestiones del INS.
Anteriormente, la exjerarca había asumido el Ministerio de Justicia y Paz en mayo del 2014. También había laborado en la Asamblea Legislativa, de febrero de 1998 a abril del 2002, en el departamento de Servicios Técnicos.