El proyecto de ley para dar títulos de propiedad a los habitantes de la frontera sur tiene problemas de constitucionalidad, de fondo y de técnica legislativa.
Esa es la opinión jurídica de la Procuraduría General de la República sobre la iniciativa de ley que se aprobó en primer debate el pasado 18 de setiembre en el Congreso.
Según Víctor Bulgarelli, procurador agrario, el plan incumple la razonabilidad y la proporcionalidad, al establecer que las municipalidades deben levantar una lista de las tierras por titular en fecha posterior a que entre en vigor la ley.
El procurador añadió que no se aclara la situación en que quedan los que no cumplan con 10 años de ocupación de un terreno para pedir título de propiedad.
La Procuraduría considera que para determinar un área de registro de terrenos se debe contar con estudios técnicos sobre la tenencia y la ocupación de las tierras.
La opinión del procurador Bulgarelli llegó al Congreso el 22 de setiembre y señala que hay vacíos en la numeración del proyecto, además de que tiene contradicciones.
“No hay un nexo jurídico entre los planes reguladores y el proceso de titulación”, dice el documento.
Aunque la iniciativa recibió primer debate en el plenario legislativo, la Procuraduría ve como una opción la aprobación del proyecto de ley N.° 17.956, que solo daría en concesión las tierras en la frontera con Panamá, no los títulos.
El criterio de Bulgarelli sirvió a los diputados de la fracción del Frente Amplio (FA) para enviar la iniciativa a consulta facultativa en la Sala Constitucional.
Así lo explicó el jefe de la bancada del FA, Gerardo Vargas. El diputado añadió que tuvo el apoyo de legisladores de Liberación Nacional y de Acción Ciudadana.
“Queremos que la Sala IV haga una revisión amplia de la iniciativa y, si encuentra vicios, que nos alerte”, manifestó Vargas.
El congresista añadió que no quieren que la gente regrese engañada a sus tierras, luego de la discusión que hubo en el Congreso.
Varias decenas de habitantes de la zona aún permanecen acampando frente al edificio de la Asamblea Legislativa, hasta que concluya el trámite de la iniciativa ahí.
La Sala Constitucional tiene un mes para responder la consulta de los congresistas.
Gerardo Vargas, de la Unidad Social Cristiana, aseguró que la opinión de la Procuraduría es respetable, pero que la única instancia con potestad para señalar roces es la Sala IV.