La Procuraduría General de la República descalificó un recurso planteado por Celso Gamboa, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en contra de la decisión de la Asamblea Legislativa de destituirlo del cargo de magistrado de la Sala III de la Corte Suprema de Justicia.
El abogado del Estado confirmó que Gamboa interpuso el reclamo contra el Estado y que solicitó una medida cautelar el 13 de abril, para suspender la decisión que adoptó la mayoría de diputados tres días antes.
Celso Gamboa fue despedido de su cargo luego de que se determinara que "se habría interesado indebidamente" en asuntos judiciales del empresario Juan Carlos Bolaños, quien hoy se encuentra en prisión preventiva por el caso del cemento chino.
Para la Procuraduría, el reclamo de Gamboa no es un asunto que competa al Tribunal Contencioso Administrativo, sino a la Sala Constitucional.
Así lo argumentó en la audiencia que se le concedió, el pasado 18 de abril.
"La medida no procedía por el fondo porque no tiene mérito y alegamos la incompetencia del Contencioso para resolver el tema porque el acto de destitución de un magistrado es un acto constitucional y, por tanto, su resolución y conocimiento le compete a la Sala Constitucional y no a un juez ordinario", contestó la institución ante la consulta de La Nación.
Pese al reclamo, el Contencioso rechazó sus argumentos el pasado 30 de abril, por lo cual la Procuraduría decidió apelar esa decisión ante la Sala I el 4 de mayo. Dicho reclamo no ha sido resuelto.
Este medio intentó contactar a Gamboa para ampliar los argumentos que puso en consideración del Contencioso para revertir su destitución, pero no contestó a los mensajes dejados a su teléfono celular.
Mientras proceden estos reclamos, la destitución de Gamboa se mantiene en firme.
Previo a la decisión legislativa, el magistrado pidió a varios diputados, entre ellos a Marcela Guerrero y a Marco Redondo, evitar su destitución, con la oferta de que él mismo renunciaría a su puesto por las buenas.
Por esta gestión, la Fiscalía General abrió una investigación que ameritó un allanamiento en su vivienda, el pasado 18 de abril.
Los exdiputados Otto Guevara y Aracelli Segura se abstuvieron de votar en la destitución por considerar que la votación debió ser privada y no pública, por procedimiento.