La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) le llamó la atención al magistrado de la Sala III Celso Gamboa por las contradicciones en que incurrió al explicar una solicitud que hizo a la Fuerza Pública, la noche del 24 julio de este año, para que custodiara el Complejo de Ciencias Forenses cuando se reanudaron las autopsias en medio de la huelga del Poder Judicial.
Sobre este caso, el magistrado dio tres versiones: una ante la opinión pública en la que explicó que la gestión la hizo como ciudadano y dos más, ante la Procuraduría, en las que dijo que la hizo como magistrado.
Gamboa le planteó la petición de resguardo al viceministro de Seguridad Pública y director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, pese a que la ministra a. i. esa noche era María Fullmen Salazar.
Esa misma noche, el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, quien se encontraba fuera del país, publicó en Twitter que la Policía intervino ante una solicitud de Gamboa en su calidad de magistrado.
Luego de ese mensaje, usuarios de la red social lanzaron críticas alegando que hubo una violación a la división de poderes de la República, al interpretarse como una orden la solicitud de Gamboa.
Una hora después, Celso Gamboa escribió en Twitter que la solicitud la había hecho como ciudadano.
Gamboa y Mata fueron denunciados ante la Procuraduría de la Ética por este incidente. El denunciante, cuyo nombre no fue revelado por la Procuraduría, señaló que Gamboa no tenía competencias para dar órdenes al ministro.
En una primera explicación, enviada a la PEP el 1.° de setiembre, Gamboa dijo que el mensaje que envió al director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, fue una gestión formal con el aval del presidente de la Corte, Carlos Chinchilla.
En otra explicación del 7 de setiembre, el magistrado añadió que la petición a la Policía la hizo por solicitud del magistrado Luis Porfirio Sánchez, luego de que el alto juez le enviara un mensaje por Whatsapp que indicaba: "Amigos, si se pudiera llamar a Mata para que nos ayude con la seguridad en la morgue, porque ya empezaron (los médicos a hacer autopsias), pero el temor es que lleguen los huelguistas y no les permitan continuar".
Ante las distintas versiones que dio el magistrado, la PEP le llamó la atención:
"Se advierte que la PEP ha percibido las diferencias existentes en las versiones brindadas por el magistrado Gamboa respecto a su intervención... resulta ser un hecho que debería ser objeto de atención por parte del servidor denunciado (Gamboa), en razón de la responsabilidad y solemnidad que debe acompañar el ejercicio del cargo que el señor Celso Gamboa ocupa en la actualidad, la claridad y la transparencia que le es exigible en su actuar tanto en lo público como privado", indica el informe del pasado 3 de octubre, firmado por la procuradora Tatiana Gutiérrez.
La PEP desestimó esa acusación, pues determinó, tras una investigación preliminar, que la gestión de Gamboa fue una solicitud y no una orden, ya que fue el Ministerio de Seguridad el que valoró y tomó la decisión de resguardar el perímetro del complejo.
Tampoco consideró que Gamboa haya hecho un uso indebido de su cargo porque la acción no fue en beneficio propio o de un tercero, sino que se hizo por procurar la satisfacción de un interés institucional.
A Mata no se le señaló ninguna falta porque, esa noche, él se encontraba fuera del país y quien estaba a cargo del ministerio era la viceministra María Fullmen Salazar.
Además, la PEP declaró inadmisible la denuncia por tratarse de un tema de análisis de competencia legales de estos funcionarios, lo cual no es una atribución de este órgano, aunque sí se referió a los hechos denunciados.
La noche de la apertura de la morgue
La intervención de Gamboa se dio en medio de la huelga del Poder Judicial en la cual se detuvieron las autopsias que se realizaban en la morgue, ubicada en San Joaquín de Flores.
La noche del 24 de julio, una gestión del magistrado de la Sala III fue el inicio de una serie de comunicaciones que terminaron en la toma de control del complejo forense.
Este fue el orden de los hechos, según el relato del Ministerio de Seguridad y del magistrado Gamboa ante la PEP.
24 de julio 2017
22:00
Médicos patólogos deciden reactivar las autopsias.
Minutos después (no indica hora)
Gamboa recibe un mensaje por WhatsApp del magistrado Luis Porfirio Sánchez que dice:
"Amigos, si se pudiera llamar a Mata para que nos ayude con la seguridad en la morgue, porque ya empezaron (los médicos a hacer autopsias), pero el temor es que lleguen los huelguistas y no les permitan continuar".
Minutos después (no indica hora)
Gamboa llama a Juan José Andrade, viceministro de Seguridad y director de la Fuerza Pública, para indicarle que con el visto bueno del presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, solicita apoyo policial en el complejo forense.
22:32
Gamboa envía una mensaje por Whatsapp a Andrade en el que hace la solicitud expresa para que la policía custodie las instalaciones. El mensaje indica: "Estimado viceministro: respetuosamente solicito sus buenos oficios a fin de que la Fuerza Pública brinde custodia y seguridad a las personas que en minutos iniciarán la práctica de autopsias. Esta información es confidencial y considere esta una gestión formal del Poder Judicial para pedir colaboración de la Fuerza Pública. Saludos cordiales. Celso Gamboa, magistrado".
23:00
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza solicita, por medio de un oficio, apoyo policial para "la custodia del edificio de Medicina Legal".
23:13
Gustavo Mata, quien se encontraba fuera del país, confirma que se está ejecutando la 'toma de control' en un mensaje en Twitter que indica: "Ante la solicitud de Magistrado Celso Gamboa, la Fuerza Pública está tomando el control del Complejo".
11:35
Ministra a. i., María Fullmen Salazar, escribe un mensaje por WhatsApp a Carlos Chinchilla para indicarle la solicitud que recibió Andrade de parte de Gamboa y de Espinoza. La respuesta de Chinchilla fue una agradecimiento por la gestión y pide que la custodia se extienda por dos días más.
25 de julio 2017
00:50
Gamboa escribe en Twitter que hizo la solicitud como ciudadano ante críticas en redes sociales.